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Candidatos

Como era evidente desde hace tiempo, el rey constató con el interesado y los demás líderes políticos que Pedro Sánchez no tenía ninguna posibilidad de conseguir los apoyos necesarios para superar una investidura, y concluyó sus consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria sin proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Porque el término “propondrá”, que utiliza el artículo 99.1 constitucional, a pesar de su forma imperativa, solo puede ser interpretado, a tenor del conjunto del artículo, como “propondrá si ha comprobado que un candidato cuenta con expectativas razonables de conseguir los acuerdos necesarios”. La aceptación del candidato, por consiguiente, no implica la seguridad de conseguir tales apoyos, y tanto el candidato como el propio rey lo saben y conocen el margen de maniobra que tiene el propuesto. Cuando no tiene ninguno es cuando se produce la no propuesta.

Ahora bien, en enero de 2016 Mariano Rajoy fue propuesto por el rey como candidato después de despachar con él, y el entonces presidente en funciones se apresuró a declinar la propuesta. Rajoy afirmó haber informado al monarca de que en ese momento no estaba en condiciones de aceptar su designación. “No solo no tengo una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta, acreditada, de votos en contra”, añadió.

Si las cosas sucedieron así, la pregunta que sorprendentemente nadie hace es por qué el rey propuso a Rajoy como candidato a la investidura sabiendo que iba a declinar su propuesta. Y, sobre todo, por qué, en idénticas circunstancias, después de despachar con Pedro Sánchez no lo propuso, como había hecho con el líder popular en el pasado. ¿Por qué esa diferencia de trato? Porque la negativa de Rajoy fue aprovechada por la izquierda para descalificarle, y la propuesta del rey le causó un indudable y grave perjuicio político.

Lo anterior nos lleva a plantearnos, una vez más, el papel político del rey, y el alcance del mandato del artículo 56 de la Constitución cuando establece que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es el poder moderador del que hablaba Benjamin Constant.

Resulta inevitable recordar la crisis política que se planteó cuando, a principios de 1994, los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por unanimidad, acordaron elevar al rey, como máximo poder moderador del Estado, su malestar e inquietud por entender que la aplicación directa por el Tribunal Constitucional de una sentencia de un tribunal inferior anulada por la Sala, había invadido su función jurisdiccional y constituía una intromisión en la función de los tribunales; además de ignorar el artículo 117 de la Constitución, que dispone que la Justicia es administrada por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial.

El rey evidentemente se equivocó y actuó fuera de su papel cuando este verano, en una sesión de fotos con su familia en Marivent, declaró a los periodistas presentes: “Lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones”. Y, por el contrario, acertó cuando eludió la irresponsable solicitud de Pablo Iglesias de que mediara entre él y Pedro Sánchez.

No en vano Quevedo dejó escrito que “los cetros piden más sudor que los arados”.

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