política

El Ejecutivo regional sube las ayudas a la integración social en 1,93 millones

De la cantidad consignada, 1.500.000 euros irán destinados a cubrir el Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI)
Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, ayer en Santa Cruz de Tenerife. DA
Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, ayer en Santa Cruz de Tenerife. DA

Diario de Avisos / Agencias

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el aumento de las ayudas de acción social para la integración por un importe total de 1.930.000 euros, una cantidad que supone un incremento respecto al presupuesto inicial, fijado en 4.130.000 euros. En concreto, 1.500.000 euros irán destinados a cubrir el Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), informó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior. El resto del montante, 430.000 euros, se invertirá en la financiación de programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social.

El Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción tiene como objetivo impulsar proyectos dirigidos a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razonas de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales. Por su parte, los programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social atienden con especial énfasis al colectivo de mujeres en situación de pobreza en las Islas que necesitan una mayor atención, más allá de una solución residencial.

Además, el Consejo autorizó un suplemento de crédito por valor de 34 millones de euros a favor del Servicio Canario de la Salud (SCS). Se trata de compensar el déficit surgido por atender con cargo al presupuesto de 2019 obligaciones de pago adquiridas en ejercicios anteriores y que no fueron imputadas al cierre de las cuentas del año 2018. La cifra total de los recursos adicionales asignados proviene de los remanentes de tesorería del conjunto de consejerías y el acuerdo es fruto del esfuerzo colegiado de todos los departamentos del Gobierno de Canarias, de modo que no se vea mermada la calidad asistencial de la sanidad pública. La finalidad de la modificación de crédito, a propuesta de la Consejería de Hacienda, es elevar el presupuesto del SCS para dar cobertura a gastos del capítulo 2 -bienes corrientes y servicios- tras tener que hacer frente en las cuentas vigentes a un volumen importante de facturas vencidas, líquidas y exigibles correspondientes a ejercicios anteriores y no imputadas al presupuesto de 2018. Como consecuencia de ello, los centros directivos han tenido que hacer frente a una reducción del crédito disponible para afrontar los gastos del presente ejercicio. El expediente permitirá continuar cumpliendo con los plazos medios de pago a proveedores y con las exigencias establecidas en la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En el turno de preguntas, Julio Pérez admitió que están elaborando los presupuestos del próximo año “casi a ciegas”, porque no va a haber Presupuestos Generales del Estado. No obstante, se confía en que los 223 millones pendientes de las entregas a cuenta del sistema de financiación se transferirán.

El consejero comentó que “la parte menos buena” de la convocatoria de nuevas elecciones es que se “consolida” la “anomalía” económica y política del país, y que no haya Gobierno central “es malo” para las comunidades autónomas. Pérez manifestó que se desconoce la previsión de ingresos y el techo de gasto nacional. Pese a ello, recalcó que hay que “pisar el acelerador” para presentar el documento en el Parlamento a lo largo del mes de octubre con el fin de iniciar su tramitación.

Julio Pérez transmitió que Ángel Víctor Torres tiene la “absoluta seguridad” de que se buscarán fórmulas para que el dinero sea transferido porque “hay margen de maniobra” aunque se convoquen nuevas elecciones. En esa línea, aseguró que todos los servicios de la comunidad autónoma buscan fórmulas para “arañar” todos los recursos posibles, como ha sucedido con el Plan Integral de Empleo, firmado el miércoles.
“Las elecciones del 10 de noviembre no van a perturbar al Gobierno ni la rivalidad entre sus socios”, profirió Pérez.