El senador autonómico Fernando Clavijo regresó ayer al Parlamento de Canarias para añadir munición en la polémica con el actual Gobierno regional por las denunciadas desviaciones presupuestarias, a las puertas de unas hipotéticas elecciones generales para el 10 de noviembre. Su escaño no corre peligro, pero sí los de sus compañeras en el Congreso: Ana Oramas y Guadalupe González Taño. El anterior jefe del Ejecutivo acudió a una rueda de prensa junto a la diputada de CC Rosa Dávila, exconsejera de Hacienda, y el portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán.
“El Gobierno de Canarias falsea la situación financiera y no exige al Ejecutivo central los 1.500 millones de euros que adeuda a las Islas”, profirieron estos últimos. Clavijo arguyó que, en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con datos del 30 de junio se constata que Canarias sigue en la senda del déficit previsto y “no refleja ningún agujero económico generado por ninguna acción electoralista”. Replicaron a Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, y al resto del cuatripartito (PSOE, NC, Podemos y ASG), que en los Presupuestos de 2018 ya se consideraba la medida de utilizar el superávit en servicios públicos esenciales”. Dávila explicó que se tomaría en contra del criterio del Ministerio de Hacienda, “que quería que ese dinero se destinara a pagar deuda, cuando Canarias era y sigue siendo una de las comunidades más cumplidoras”. Por ello, alegó, “en 2019, y contemplando que había un superávit de 461 millones de euros, más los 500 millones derivados del convenio de carreteras, el Gobierno dispuso de solo 170 millones de euros para recuperar las dos horas de más que durante la crisis impartieron los profesores, suprimir las horas paulinas de Sanidad y eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas que cobraban menos de 1.000 euros”.
Clavijo apostilló: “Como se puede apreciar, superar la regla de gasto, destinando parte del superávit a servicios públicos esenciales, siempre tuvo el visto bueno del Parlamento, del Consejo Asesor y de los sindicatos que reclamaban desde hace mucho tiempo la recuperación de sus derechos laborales”. Preguntaron: “¿Dónde está el engaño? ¿dónde está el error?”. Emplazaron a Rodríguez a que aclare “por qué habla de déficit y de descalabro de las cuentas, cuando no exige a Madrid los más de 1.500 millones que les adeuda”. El vicepresidente comparece esta mañana en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde expondrá sus objetivos, el plan de trabajo y la agenda para la décima legislatura.
En los últimos días, esa consejería ha salido al paso de las “interpretaciones interesadas” de CC. Recalca que las desviaciones en el déficit público y la regla de gasto en la comunidad autónoma están certificadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con datos consolidados: “El déficit público está en el 0,37% en relación al PIB y la evolución de la regla de gasto se sitúa en el 7,3%. Los objetivos iniciales fijados para la comunidad autónoma eran el 0,1% y el 2,7%”.
Entretanto, el fuego cruzado se intensifica. El portavoz adjunto del grupo Socialista, Iñaki Lavandera, culpa a CC de haber puesto a Canarias “en riesgo de ser intervenida” por la Administración General del Estado, lo que atribuye a la “irresponsabilidad y festín de gasto preelectoral”. Lavandera argumenta que el hecho de que el Archipiélago tenga el mayor crecimiento de gasto computable de todas las comunidades autónomas “lo dice la propia AIRef, no nosotros”. Desde ese punto de vista, postula que los acuerdos de gobierno sobre los gastos deben ser avalados por informes jurídicos y presupuestarios, “que no existen”, y que “se dejen de esconder detrás de los agentes económicos y sociales”.
Luis Campos, de Nueva Canarias, acusó a CC de “tergiversar” los datos oficiales sobre el “agujero presupuestario” de 2019. Campos llamó la atención sobre la “rigurosidad” de la IGAE, que ha revelado desviaciones en el déficit público y en la regla de gasto. Frente al “intento (de CC) de escurrir el bulto de su mala gestión mediante interpretaciones interesadas y tergiversadas” de organismos oficiales, Campos hizo hincapié en que las desviaciones en el déficit público y la regla de gasto denunciadas por la Consejería de Hacienda están documentadas y certificadas, “de forma rigurosa,” por la IGAE. En paralelo, el portavoz de NC denunció que la “manipulación” del informe de la Airef por parte de CC se produce al “agarrarse exclusivamente” a uno solo de los parámetros incluidos por la citada autoridad.
Por Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero alerta de que las prácticas “tramposas” y la “nefasta” gestión económica de Fernando Clavijo y Rosa Dávila “han avivado la emergencia social” que padece la comunidad autónoma. “Las justificaciones vacías no tapan la falta de transparencia y haber jugado con el dinero público en época de campaña electoral”.
Casimiro Curbelo (ASG) lamenta que Canarias pase de ser una comunidad con superávit, cumplidora con la regla de gasto y el objetivo de déficit público, a una con desajuste presupuestario. En este sentido, muestra su preocupación por el impacto en la agenda social.