Política

Hasta el propio ‘padre’ de la ley de antitransfuguismo canaria reconoce que la norma carece hoy de validez

El exconsejero de Presidencia Francisco Hernández Spínola aboga por que la Cámara regional derogue estas normas y dice no tener duda alguna de que serán declaradas inconstitucionales

Francisco Hernández Spínola, durante su etapa como consejero regional de Presidencia. DA
Francisco Hernández Spínola, durante su etapa como consejero regional de Presidencia. DA

Hasta el propio Francisco Hernández Spínola, que fue el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias que refrendó la aprobación de las consideradas como normas antitranfuguismo autonómicas, reconoce que tal disposición legal ha perdido hoy en día la base jurídica en que se sustentaba y, en consecuencia, el Parlamento de Canarias debería derogarlas antes de que sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, circunstancia sobre la que este jurista, al igual que otros especialistas consultados por DIARIO DE AVISOS, no tiene duda alguna.

La opinión de Hernández Spínola tiene especial interés político, además del jurídico, dado que son precisamente esas las normas que alega Coalición Canaria para solicitar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular prescindan de los cargos electos por Ciudadanos y que han sido expulsados por dicho partido al negarse a incumplir una de sus principales promesas electorales, la de contribuir a la regeneración política de Canarias y, por ende, a enviar a CC a la oposición en ambas instituciones. Hay que tener en cuenta que los coalicioneros, bajo distintas fórmulas políticas, controlaban el poder en el Cabildo tinerfeño desde 1983, mientras que en el caso del Consistorio capitalino se remontan incluso al tardofranquismo.

A pesar de que el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que estas normas antitransfuguistas (en realidad, dirigidas contra disidentes de la línea oficial de los partidos) no son compatibles con nuestra Carta Magna porque, como recuerda el propio Spínola, “supone una restricción al ius in officium que impacta en el ejercicio natural del cargo público al amparo de la libertad de mandato al afectar a derechos y facultades atribuidos al representante que pertenecen al núcleo de su función representativa”, lo cierto es que CC persigue su aplicación para que dichos cargos sean apartados de sus tareas de gobierno y no puedan percibir salario alguno por tales desempeños. Es decir, romper las mayorías conformadas en ambas instituciones y retornar así el poder.

Pero, como bien recuerda Spínola, tal reivindicación carece hoy de fundamento debido a que “el sostén jurídico que habilitaba a la Comunidad Autónoma de Canarias para mantener la regulación de los Consejeros y Concejales no adscritos, completando el marco legal establecido en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, ha desaparecido a la vista de los fundamentos jurídicos de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 151/2017” anteriormente referida.

En consecuencia, el exconsejero regional de Presidencia considera que “el Parlamento de Canarias debería proceder a derogar la citada regulación prevista en el artículo 28.4.c) de la Ley de Municipios [que es la que prohíbe a los no adscritos a formar parte del equipo de Gobierno y cobrar por ello]”, así como que “también ha de derogarse el artículo 88.4.d) de la Ley de Cabildos Insulares que tiene una redacción similar pero no idéntica al artículo transcrito y que puede producir efectos jurídicos distintos ante situaciones iguales”.

Todo ello, porque, continúa Henández Spínola, “tengo la convicción de que de no llevarse a efecto la modificación legislativa será finalmente el Tribunal Constitucional quien acabe declarando la inconstitucionalidad de los citados artículos 28.4.c) y 88.4.d) de las Leyes de Municipios y Cabildos, respectivamente. Eso sí, pasados unos años, con el consiguiente perjuicio para los afectados”.