El caos político y parlamentario en que se debate la política británica, un caos que no parece propio de un sistema que es paradigma del parlamentarismo, nos muestra la magnitud y la trascendencia de la disyuntiva radical en la que se encuentra la sociedad británica. Europa o sus relaciones históricas con el mundo anglosajón, en especial con los Estados Unidos: he ahí el dilema. Y no es casualidad que, en la reciente cumbre del G-7, el presidente Trump le haya ofrecido un tratado comercial preferente tras el brexit.
Boris Johnson quiere evitar la absurda peripecia a la que Westminster sometió a Theresa May, votando sistemáticamente en contra de una solución y de su contraria, dejando a la premier desarmada y sin argumentos ante Europa, y obligándole, por último, a dimitir, ante la pérdida de confianza y la consiguiente ruptura de la disciplina de voto de los diputados conservadores.
El escenario al que se enfrenta el antiguo alcalde de Londres es muy parecido, y, siendo consciente de ello, se ha apresurado a adelantarse a los acontecimientos y a neutralizar al Parlamento -también a sus propios diputados- reduciendo el tiempo de su actividad antes del 31 de octubre, fecha del brexit. Así la Cámara apenas tendrá tiempo de oponerse a lo que finalmente Johnson decida.
Lo que ha sido presentado como un golpe de Estado es una medida no excepcional, sino habitual en el parlamentarismo británico, que se adopta por diversas circunstancias. Ni se suspende ni se cierra el Parlamento; simplemente se retrasa la reanudación de las sesiones parlamentarias, en este caso durante cinco semanas a partir del lunes próximo, porque la Cámara ha reanudado su actividad el pasado martes.
Lo novedoso ahora sería la duración de la suspensión, que suele ser de pocos días. En los últimos tiempos, la mayor duración de una suspensión similar se produjo en 2014 y fue de trece días. Entre una moción de censura o una ley que impida el brexit sin acuerdo, el martes el Parlamento optó por lo segundo. También estaría la suspensión judicial que se ha instado desde frentes diversos. Johnson, por su parte, intentará convocar elecciones para octubre, pero necesita la conformidad de dos tercios de los diputados.
¿Qué tiene todo esto que ver con Pedro Sánchez? Pues tiene que ver todo. Ambos presidentes de Gobierno están jugando con el tiempo para derrotar -dejar sin margen de maniobra- a sus oponentes. El oponente de Johnson es el Parlamento, y la suspensión de sus sesiones le deja a la Cámara muy pocos días para articular cualquier medida que impidiera los planes del premier.
El Parlamento de Sánchez es Podemos, de quien depende su investidura, y el presidente está perdiendo el tiempo (haciendo que hace, decimos en Canarias) con la intención de obligar a Podemos a negociar cuando falten muy pocos días para el final del plazo, y tenga que tomar la decisión bajo la presión del tiempo.
En cualquier caso, la repetición de las elecciones, de la que culparía a Podemos, no disgusta a Sánchez y, en realidad, es la alternativa que prefiere, porque sus datos le indican que, lejos de una supuesta desmovilización de la izquierda, los socialistas ganarían muchos votos -y escaños- a costa, precisamente, de Podemos. El tiempo es dinero, pero también, y sobre todo, es poder.
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