La inminente convocatoria electoral para el 10 de noviembre -tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, una vez que el rey ha optado por no proponer una nueva candidatura ante las evidencias- pone en jaque a las comunidades autónomas. De momento, la clausura de la legislatura nacional aleja el desbloqueo de los asuntos pendientes de resolver y que afectan, por ejemplo, a la financiación de Canarias, con 233 millones de euros de las entregas a cuenta que están por llegar. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, insistió ayer, en el marco de la visita de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ese dinero está asegurado aunque haya elecciones. El dirigente socialista recalcó que, si Pedro Sánchez, hubiese sido investido en julio, estos recursos ya estarán disponibles: “Es indudablemente peor trabajar con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Y muchas partidas deben contar con nuevos informes o esperar por reales decreto ley, lo que complica la gestión”. No obstante, apela a la voluntad que la ciudadanía exprese en las urnas.
El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, sostiene que España se ve empujada de nuevo a una cita electoral por la “irresponsabilidad del PSOE”. La diputada Ana Oramas califica de “despropósito” la actitud de Sánchez, en quien también carga toda la culpa Vidina Espino (Cs). Los socialistas consideran, en cambio, que el bloqueo de la oposición es el que provoca las elecciones.
Nueva Canarias cree que el adelanto es “malo” para las Islas y para el conjunto de España. El coordinador territorial de NC, Luis Campos, lamenta que esta “irresponsabilidad” ralentice la actividad de la Administración, pues afectará a los retos que afronta el Archipiélago.
Casimiro Curbelo (ASG) sentencia que esta “incapacidad” de los líderes políticos para negociar la paga la sociedad y perjudica a Canarias.
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