La frágil y amenazada democracia española está demostrando ser más resistente de lo que sería de temer, porque sobrevive, incluso, a la miseria que ha anidado en su seno. Es una miseria mediática, política y judicial, una miseria sectaria y mentirosa que se exhibe impúdicamente, sin ni siquiera intentar ocultarla o maquillarla. El penúltimo episodio ha tenido lugar con motivo de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. La izquierda abrigaba ciertas expectativas de que finalmente no fuera posible lo que implicaba sufrir una derrota significativa y un paralelo fortalecimiento del centro derecha: el control de la Comunidad madrileña confiere un mayor poder y una proyección muy superiores al de cualquier otra, incluida Cataluña.
Pues bien, ¡oh casualidad!, el mismo día en que se confirmaba el definitivo apoyo de Vox a la investidura, que la convertía en viable, la Fiscalía Anticorrupción, que depende del Gobierno, solicitaba al juez la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, dos expresidentas madrileñas, por su presunta implicación en el llamado caso Púnica. El juez las ha imputado, y La Sexta dio la noticia antes de que las interesadas lo supieran.
Isabel Díaz Ayuso no está citada ni como testigo. Sin embargo, ese mismo día la izquierda sectaria mediática desató contra ella una brutal campaña de linchamiento político y personal, en la que se daban por probadas extrañas conexiones suyas con las dos expresidentas y se sacaba a la luz un asunto financiero de hace años -en cualquier caso prescrito- que no la concierne a ella, sino a su familia y a su padre, ya fallecido y que, por consiguiente, no puede defenderse. Porque esos medios dedican mucho tiempo -y mucho dinero- a que legiones de periodistas, convertidos en policías, construyan -fabriquen- casos susceptibles de perjudicar a todo político que no sea de su cuerda. Entre sus víctimas preferidas suelen estar, por ejemplo, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, el expresidente valenciano.
Al mismo tiempo, esa misma izquierda mediática pasa de puntillas sobre la familia Pujol y sus asuntos financieros y fiscales, una familia que sigue viviendo en la más absoluta normalidad impune pese a las gravísimas acusaciones probadas que pesan sobre ellos, y cuyo único miembro condenado -el hijo mayor- ha sido prácticamente puesto en libertad gracias a una argucia legal de la Generalitat, que tiene la competencia sobre los centros penitenciarios. Y cuando esos medios sectarios se refieren al caso lo hacen para destacar los pactos políticos de Aznar con Pujol, como si Felipe González no hubiera hecho lo mismo.
Y qué decir del caso de los ERE en Andalucía, que afecta a todos los Gobiernos regionales de la democracia -socialistas-, incluyendo a dos antiguos presidentes, caso sobre el que la izquierda mediática no solo ha pasado de puntillas, sino que, incluso, cuando lo cita pretende minimizarlo. Al mismo tiempo, guarda silencio sobre las intolerables presiones y los vergonzosos ataques provenientes de la izquierda que sufrió la primera instructora, la juez Mercedes Alaya, presiones que han sufrido todos los jueces y tribunales que han entendido del caso.
Somos una democracia miserable, es cierto; pero, por ahora, y por fortuna, nos resistimos a dejar de ser una democracia.
