Las personas y las estructuras

Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben ocupar siempre un lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor razón. Por eso, las medidas relativas a los impuestos, a las tasas, a las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, cuantía de las pensiones, salario mínimo interprofesional, etc, deben ser muy ponderadas. No tendría ningún sentido, se mire como se mire, desde un lado o desde el otro, que cuando se adoptan medidas que suponen un evidente sacrificio para la mayoría social, sus frutos se dediquen a mantener toda una estructura pública en muchos casos innecesaria, en muchos casos poblada de legiones de afines o adeptos a tal o cual causa política.

En efecto. El ajuste fundamental debe partir de una reforma profunda y de calado de las administraciones públicas y de las numerosas instituciones sociales, partidos, patronales y sindicatos, que se nutren de los fondos de todos, cuando podrían mantenerse, así ocurre en no pocos países, a partir de las cuotas que pagan los interesados en el funcionamiento de estas instituciones. En este sentido, tras un análisis riguroso podrían volver al sector privado muchas empresas y sociedades públicas, se podría proceder a no pocas desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas públicas. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se comprometa con aquellas empresas públicas que por su posición estratégica deben tener presencia pública.

El pueblo, escandalizado por la constante y cotidiana corrupción, se aleja de la política y de los políticos. Reclama ejemplaridad a los dirigentes políticos y financieros y recibe, un día sí y otro también, noticias e informaciones, a todos los niveles, y en todas las latitudes, de manejos de fondos públicos fraudulentos, de estafas y robos. Todo lo que estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga, seguramente las encuestas acerca de la imagen de las instituciones públicas y financieras, y de sus dirigentes, empiecen a cambiar de tendencia. A día de hoy los españoles saben muy bien por qué algunas de sus instituciones son las peores valoradas y las más desprestigiadas. En buena medida, que las cosas estén como están, aunque ciertamente haya no pocos dirigentes que efectivamente se dedican ejemplarmente al servicio público, se debe al afán de dominio, en el ámbito público, y también en el privado, que acompaña la vida y las actuaciones de quienes están a la cabeza.

En lugar de gobernar pensando de verdad en las personas, se “gobierna” buscando mantener la posición, conservar el poder. Finalidad que concentra buena parte del tiempo que debería emplearse en atender adecuadamente las necesidades colectivas de las personas. Es menester extirpar esa fatal obsesión por querer seguir controlando hasta el último recodo de la vida social que caracteriza la vida y obra de los manipuladores sociales que están al frente en muchas instituciones. Esta perspectiva de la intervención pública, sin embargo, ha caducado.

Ahora es menester analizar una a una las estructuras públicas y mantener las que son necesarias por argumentadas razones de interés general.