El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la denuncia interpuesta el pasado 23 de abril, en plena campaña electoral para el 28A, por Coalición Canaria contra Ángel Víctor Torres, entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el PSOE y hoy en ese cargo.
Esta denuncia, presentada por Fernando Luis Bañolas, consejero del Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria, fue objeto de una gran polémica en la pasada campaña electoral, al acusar el PSOE a CC de querer empañar la imagen del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno Canario, Ángel Víctor Torres, con una falsa denuncia para generar confusión en el electorado dado que el candidato de CC Fernando Clavijo había sido imputado por el caso Grúas.
En el auto se desestima como acusación particular a Fernando Luis Bañolas, señalando que “si se quiere constituir como parte deberá presentar querella y prestar fianza por importe de 2.000€ para poder personarse como acusación particular”
El entonces consejero de los nacionalistas en la corporación insular acusaba al también secretario general de los socialistas canarios de generar un agujero de más de 600.000 euros en las arcas públicas por dejar de cobrar los gastos de los actos culturales celebrados en el recinto deportivo de Siete Palmas.
Torres atribuyó esta denuncia a una maniobra política de CC en un momento en el que su contrincante Fernando Clavijo, entonces presidente del Gobierno de Canarias, concurría a las elecciones autonómicas con la pesada losa de su imputación en el denominado caso Grúas, vinculado con su gestión como concejal y alcalde de La Laguna.
El magistrado Alberto Puebla ha estimado que los hechos denunciados por Bañolas carecían de relevancia penal, al no haber causado un perjuicio económico al erario público, tal y como informó Canarias Ahora. Asimismo, la sentencia manifiesta que el Cabildo ha reclamado a todos los promotores las cantidades debidas. Más allá de decretar el sobreseimiento provisional de la causa, la resolución rechaza que el exconsejero de CC figure en el procedimiento como acusación particular, al no haber acreditado su condición de perjudicado u ofendido.
Por otro lado, Puebla insiste en que el uso del Gran Canaria Arena para actividades culturales es muy anterior a la llegada de Torres a la Presidencia del Instituto Insular de Deportes (IID). La gerencia de este organismo estableció un protocolo de actuación por el que las empresas organizadoras o promotoras tenían que abonar una cantidad en concepto de reserva del espacio para que, posteriormente, la administración le trasladara los costes del evento una vez evacuados los preceptivos informes técnicos y jurídicos y en función del número de espectadores del acto y los servicios.
El IID exoneraba o deducía cantidades a los organizadores siempre que se diera uno de los tres siguientes supuestos: que el evento tuviera un carácter solidario, que promoviera un marcado interés social por la repercusión del artista (la sentencia alude a los casos de Elton John o de Julio Iglesias), o que el porcentaje del aforo cubierto fuera inferior al 50%, circunstancia esta última que provocaba un claro perjuicio tanto a los promotores como a la Isla.
La sentencia expone además la voluntad del grupo de gobierno del Cabildo para fijar los precios públicos para este tipo de actividades, tal y como le solicitaba la Intervención Delegada del IID. La corporación insular llegó a contratar a una empresa para acometer una tarea que no pudo finalizar por una serie de dificultades sobrevenidas. Posteriormente, en noviembre de 2018, consignó una retención de crédito para el mismo fin y ya ha iniciado el trámite de contratación, actuaciones todas ellas que, a juicio del magistrado instructor, revelan la reacción de la gerencia del instituto “mucho antes” de que Fernando Bañolas presentara la denuncia contra Torres poniendo en cuestión su actuación en este asunto.
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