Mollinedo: “La renta ciudadana podría ser viable en sectores empobrecidos”

José María Mollinedo, secretario general de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), valoró ayer en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS la implantación de la renta ciudadana que estudia el Gobierno de Canarias como medida para reforzar el Estado del Bienestar. Mollinedo, que asistía ayer al XVI Congreso Nacional del sindicato, opinó que la renta ciudadana podría ser viable si se dirigiera a “personas en riesgo de exclusión”.

Este sector de la población, apuntó, debería ser guiado por unos servicios sociales “eficaces” que tutelen con el fin de favorecer la incorporación al mercado laboral. Además, el técnico de Hacienda citó el modelo de Dinamarca, un país en el que se se estudia la aplicación de esta subvención y se contempla proporcionar una ayuda para que los individuos “adquieran hábitos sociales que les permitan tener autonomía.

Sobre la aplicación de una renta ciudadana universal que llegue a todos los ciudadanos con independencia de su patrimonio e ingresos, Mollinedo descartó que sea viable “tanto a nivel nacional como regional” debido a la “alta” financiación que se requeriría para hacerla efectiva, como ya han comunicado mediante informe los Técnicos de Hacienda en el Parlamento de Andalucía.

Mollinedo se manifiesta prudente ante la subida del IGIC que el Gobierno canario ha avanzado; “es difícil valorar medidas aisladas, porque podemos obviar otras decisiones paralelas que sirvan de acompañamiento”. En este sentido, el técnico reconoce que tanto desde el sindicato como desde la OCDE no avalan la subida de impuestos indirectos por ser “injustos” o “regresivos” para aquellas personas de menor renta.

“El 85% de la población española tiene un salario de entre 12.000 y 35.000 euros anuales y lo dedican íntegramente al consumo, poco pueden ahorrar. Eso significa que soportan la subida del IVA o IGIC en el 100% de sus salarios. Mientras, el 4% de canarios con rentas altas, que cobran más de 60.000 euros al año, tienen mayor capacidad de ahorro y no notarán la subida del impuesto en todo su salario”, argumenta Mollinedo.

En Canarias también se debate retirar la subvención del 99% al Impuesto de Sucesiones, una acción que el técnico prevé “positiva” en tanto que ya el “80% de los herederos ya no tributan”, así que es una bonificación “innecesaria”. Asimismo, Mollinedo cifra en 6176 los declarantes que se verán afectados si se suprime la bonificación, personas que tienen un patrimonio medio de 3 millones de euros y cuyos hijos heredarán en el futuro condicionados a este impuesto.

La presión fiscal en España no es alta en comparación con sus vecinos europeos, ya que el país recauda menos de 70.000 millones de euros, algo que se refleja en Estado de Bienestar; “como media ponderada, invertimos en torno a 60.000 millones menos que el resto de países de Europa y no es extraño, dado a los ingresos que tenemos”.

Sobre la evasión de impuestos en España, el técnico asegura que esto no forma parte del modo de ser de los españoles, sino que “el modelo de evasión fiscal está presente en todo el mundo”. Así, recordó que en países donde en principio se cumplen más las normas, como Alemania, han salido a la luz pública casos de tarjetas opacas en un banco de Liechtenstein; “hay casos internacionales, pero quizás aquí solo vemos la realidad española”.

Mollinedo sí encuentra diferencias entre España y otros países europeos en la forma de actuar ante la evasión; “en Alemania, el servicio secreto pagó para conocer el nombre de las empresas implicadas y en unas horas se accedió a domicilios y se produjeron arrestos”. En España, sin embargo, el técnico lamentó que las investigaciones de este tipo se demoren “al menos 4 meses”, tiempo suficiente para que las personas implicadas puedan aportar declaraciones complementarias.

Según un estudio de Gestha, más del 70% de la evasión fiscal se realiza por parte de empresas, un 12% por pymes, un 8% por autónomos, y en torno a un 3% es fraude residual no asociado a actividades empresariales. Sin embargo, las campañas públicas contra la evasión fiscal se dirigen a los autónomos; “es una percepción social el hecho de creer que ellos cometen más fraude, lo que ocurre es que no disponen de los mismos medios que las grandes empresas para asesorarse y solucionar problemas”, explicó el técnico.

En España se aplican determinados impuestos regresivos que gravan a quienes más tienen, como el IRPF, el de Sucesiones o los Impuestos a Tipo Fijo, pero se cuestiona su efectividad para reducir las desigualdades: “el norteamericano multimillonario Warren Buffet dijo una vez que su secretaria pagaba más impuestos que él y esta paradoja también se da en España, los miembros de los consejos de administración de empresas del IBEX 35 tributan lo mismo que un autónomo, porque la carga tributaria es igual para quien cobra 38.000 euros al año que para quien gana 1.000.000 de euros”, sentenció.