Son 180 las personas que han visto como el trabajo y la formación que se suponía que les iba a ayudar a enderezar el rumbo, les ha dejado en una situación de precariedad incluso peor que la que tenían antes de acceder a ese empleo. Se trata de los trabajadores que entraron a formar parte del último Convenio de Empleo Social que el Ayuntamiento de Santa Cruz firmó con el Servicio Canario de Empleo (SCE), los mismos que han visto como, al término de los seis meses de trabajo conveniado, se han quedado sin derecho a ningún tipo de prestaciones. No pueden retomar las que cobraban y tampoco acceder a las de desempleo. El resultado es una situación de exclusión social que, aseguran, nadie les informó que podrían sufrir. Con el objetivo de que situaciones como estas no se vuelvan a repetir, la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Santa Cruz va a poner en marcha distintas acciones dirigidas a mejorar tanto la información como la selección de trabajadores y su posterior seguimiento. Una de esas medidas es solicitar al SCE que le permita elegir a los trabajadores que forman parte de ese Convenio de Empleo Social, de forma que estos sean usuarios del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
El área de Empleo municipal argumenta que esta selección, a propuesta del IMAS, “permitirá elegir a personas con las que los servicios sociales municipales ya se encuentran trabajando, lo que facilitará el seguimiento posterior de la situación personal de cada una y la evaluación del impacto del proyecto”. Así lo explicó el área que dirige la socialista Ana Delia Darias en la respuesta que dio al portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien se interesó por el procedimiento de información y seguimiento que se da a los trabajadores de estos convenios. Según explican desde el área de Empleo, “en caso de que el SCE admita esta posibilidad, se trataría de proponer a personas cuyos perfiles encajen mejor con la naturaleza de estos proyectos: personas jóvenes o de mediana edad (en teoría más dispuesta a recibir formación) y en situaciones que no impidan la percepción, a la finalización del convenio, de prestaciones que venían percibiendo con anterioridad. En este sentido, la Concejalía de Empleo informó de que tiene previsto mantener contactos con el Servicio Canario de Empleo con el objetivo de que la pérdida futura del derecho a prestaciones sea un criterio a considerar para descartar posibles candidatos para el convenio, en el caso de que no sea posible que las proponga el IMAS.
Además pedirá que se mejoren los protocolos de información del SCE a las personas seleccionadas, sobre las características e implicaciones de este tipo de convenio. Y, por último, “solicitará que se estudien modificaciones en los términos actuales de las convocatorias, para evitar los efectos gravosos que han sufrido algunos trabajadores, con la pérdida de prestaciones”. Junto con esta petición dirigida al SCE, la Concejalía de Empleo también señala que se está estudiando diferentes alternativas para contratar un profesional que haga una evaluación del impacto del convenio en lo estrictamente laboral, mediante un seguimiento individualizado (y voluntario) del itinerario laboral de las personas adscritas al proyecto durante el año posterior a su finalización.
Aún así, señala el equipo de gobierno, “no hay que olvidar las responsabilidades que, como administración impulsora de la subvención que financia la mayor parte de los costes laborales del proyecto, tiene el SCE, que en aras de garantizar la eficacia del gasto acometido anualmente, debería establecer una serie de indicadores que permitan realizar el seguimiento en materia laboral de las personas beneficiarias de esta Convocatoria de subvención”.
En el último Pleno, una moción de Coalición Canaria, consiguió el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, para instar al Gobierno de Canarias a que les de una solución mediante un nuevo convenio a los trabajadores afectados sin prestaciones.
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