Es lícito que un Ayuntamiento haga la propuesta de su modelo de planeamiento. Faltaría más. Debe entenderse que las fórmulas de ordenación territorial no deben ser instrumentos ideológicos, sino documentos normativos que surjan del pacto con la sociedad. Este carácter se lo otorga, según la doctrina más generalizada del Derecho Administrativo, el procedimiento seguido para su aprobación, donde se incluyen procesos de participación y de información pública. No cabe duda de que para canalizarlos se organizan plataformas, pero estas no son las únicas que asisten a la consulta. Todos los sectores que representan a la comunidad deben tener la misma oportunidad de personarse en las convocatorias para realizar sus propuestas. La elaboración de un PGO requiere de un alto grado de especialización técnica que deberá resolver sobre la adecuación de las sugerencias y alternativas que se presentan. Se supone que la definición de la estructura general y orgánica del territorio tendrá que responder a un diagnóstico motivado, del que surjan cosas tan elementales como el sistema viario, el sistema de espacios libres, y, sobre todo, la asignación de usos y sus intensidades a las distintas categorías del suelo. La alteración de estos parámetros fija las diferencias entre la revisión y la modificación de los planes; por tanto, serán sustanciales o no, en función de su incidencia directa en lo que se considera el criterio medular que se establece. s lícito que un Ayuntamiento haga la propuesta de su modelo de planeamiento. Faltaría más. Debe entenderse que las fórmulas de ordenación territorial no deben ser instrumentos ideológicos, sino documentos normativos que surjan del pacto con la sociedad. Este carácter se lo otorga, según la doctrina más generalizada del Derecho Administrativo, el procedimiento seguido para su aprobación, donde se incluyen procesos de participación y de información pública. No cabe duda de que para canalizarlos se organizan plataformas, pero estas no son las únicas que asisten a la consulta. Todos los sectores que representan a la comunidad deben tener la misma oportunidad de personarse en las convocatorias para realizar sus propuestas. La elaboración de un PGO requiere de un alto grado de especialización técnica que deberá resolver sobre la adecuación de las sugerencias y alternativas que se presentan. Se supone que la definición de la estructura general y orgánica del territorio tendrá que responder a un diagnóstico motivado, del que surjan cosas tan elementales como el sistema viario, el sistema de espacios libres, y, sobre todo, la asignación de usos y sus intensidades a las distintas categorías del suelo. La alteración de estos parámetros fija las diferencias entre la revisión y la modificación de los planes; por tanto, serán sustanciales o no, en función de su incidencia directa en lo que se considera el criterio medular que se establece. He leído en la prensa la intención que tiene el nuevo gobierno de la ciudad de La Laguna de hacer una propuesta de planeamiento diferente de la que se encontraba en tramitación. Es lógico, está en su derecho, y además era de esperar. Lo que no puede hacerse es aprovechar un defecto formal subsanable para justificar que hay que rehacer todo el documento. Aquí se aprovecha esta circunstancia para fijar un modelo territorial nuevo, sin tener en cuenta los trabajos ya realizados. Imagino que habrá que contratar a un equipo redactor, que, si quiere llegar a otras conclusiones, deberá elaborar un nuevo diagnóstico de planeamiento que desemboque en un Avance cuando se alcance esa fase que indica el Reglamento: “una vez los trabajos preparatorios adquieran la suficiente madurez”. Debería explicarse a los ciudadanos lo que supone esto en tiempo y en dinero, aparte de la garantía de la seguridad jurídica de los compromisos previamente adquiridos, de los que ignoro su alcance. Últimamente se ha puesto de moda una terminología al hablar de “tumbar” los planes, como si se tratara de ganar una batalla. El urbanismo no es una guerra, es una herramienta positiva que tiende a alcanzar el mayor acuerdo posible en la representación de los intereses de todos los ciudadanos, los que voten por una opción o no la voten, para definir el modelo de territorio que desean para su futuro más próximo. Entendiéndolo así, lo ideológico es efímero y no tiene más porvenir que el que le otorgue la confianza de la ciudadanía. Desgraciadamente, continuamos haciendo de estas normas un asunto de modificación alternante en función de los relevos en el poder, igual que ocurre con la Educación. No debemos perder de vista que un plan sin viabilidad de desarrollo es un documento restrictivo y vacío. En este país, los sistemas de ejecución son eminentemente privados, reservándose la gestión pública para casos de excepcionalidad, expresamente motivados por su urgencia o interés general. Es lógico que plantear un modelo que no asista a estas posibilidades y a estas demandas estará fuera de toda realidad.
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