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El juzgado embarga el edificio de la consejería de Educación como pago por el caso Las Teresitas

Según los cálculos del Ayuntamiento el valor del edificio de Educación está en torno a los 40 millones, mientras que el de Cabo Llanos ronda los 30
El solar en el que hoy se levanta la Consejería de Educación, edificio por el que el Gobierno canario paga un alquiler, fue uno de los que vendió Santa Cruz. F. P.
El solar en el que hoy se levanta la Consejería de Educación, edificio por el que el Gobierno canario paga un alquiler, fue uno de los que vendió Santa Cruz. F. P.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. F. P.

La alcaldesa Patricia Hernández acaba de anunciar, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, que el juzgado ha admitido la petición de embargo presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre dos edificios de uno de los condenados, Antonio Plasencia, al “demostrar” que tanto el edificio de la Consejería de Educación como el que se levanta en Cabo Llanos y que intentó comprar el Cabildo pertenecen a ILT Las Teresitas, empresa condenada por el caso Las Teresitas.

La alcaldesa detalló que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha admitido la incidencia de embargo ya que, asegura Hernández, ha aceptado las pruebas presentadas por el Ayuntamiento que demuestran que estos inmuebles pertenecen a la misma persona, aunque aparezcan sociedades distintas como titulares de los mismos.

“El Gobierno de Canarias paga 300.000 euros al mes por el alquiler de la Consejería de Educación y ese dinero ahora va a ir al juzgado”, apuntó Hernández.

Según los cálculos del Ayuntamiento el valor del edificio de Educación está en torno a los 40 millones, mientras que el de Cabo Llanos ronda los 30. Al aceptarse la petición de embargo cualquier movimiento en torno a estos inmuebles debe ser comunicado al juzgado.

Hernández comenzó su intervención señalando que, “cuando llegamos al Ayintamiento , en las cuentas municipales sólo había 100 euros procedentes de los condenados por Las Teresitas”. “A día de hoy son dos los millones ingresados, pero la deuda de los condenados, sumando intereses, es de 97 millones de euros”.

“Vamos a cobrar eso pueden tenerlo por seguro” añadió Hernández quien advirtió que no van a dudar en ir por la vía penal si no pagan. “Estamos hablando de alzamiento de bienes” reconoció la alcaldesa.

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