Opción esperanzadora

Pedíamos pragmatismo en las políticas de empleo y la respuesta no ha tardado. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado ya el acuerdo marco de colaboración, suscrito entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para determinar los criterios de las subvenciones que se destinarán a la contratación de parados de larga duración y personas en situación de exclusión social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social, período 2019-2020. El importe de las ayudas asciende a treinta millones de euros. El consejo de Gobierno, ayer mismo, autorizó a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, a realizar las correspondientes transferencias a los ayuntamientos con cargo al citado programa de cuantías superiores a los ciento cincuenta mil euros, prácticamente todas. Hablemos, pues, de diligencia y operatividad en la respuesta de la propia administración autonómica. Decíamos hace poco, a propósito de este asunto, que los planes y las medidas deben estar acompañados de la eficacia que es indispensable para recuperar la credibilidad en la acción de los organismos competentes, especialmente entre la población afectada. El desempleo es apremiante y, sin recetas mágicas, requiere de iniciativas y acciones que dinamicen el mercado laboral y hagan que quienes no tienen trabajo, tengan, al menos, una oportunidad. Que la federación municipalista se involucre es absolutamente consecuente: los alcaldes y concejales de empleo o servicios sociales saben, por cercanía, lo que es sufrir, lo que son peticiones reiteradas y prolongadas. Y la satisfacción -al menos, parcial- que para una unidad familiar significa que el demandante de empleo haya sido reclamado para una determinada actuación.Los parados de larga duración -muchos de ellos arrojaron la toalla y accedieron a clases pasivas sin gozar de esa oportunidad- constituyen el colectivo prioritario del denominado Plan Reincorpora-T, razón por la que aquellas personas que se hallen en situación de paro durante doce meses en los últimos dieciocho, junto con aquellas otras que estén registradas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Canario de Empleo durante ciento ochenta días en los nueve meses inmediatamente inferiores, si son mayores de cuarenta y cinco años, están inscritas como trabajadores agrícolas o pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, serán las primeras que perciban los beneficios de esta medida. Los ayuntamientos tienen ahora la palabra. Esta iniciativa ha de servir para contrastar la información que obre en su poder, agilizar los trámites que se exijan, transmitir a los interesados la sensibilidad necesaria para que se pongan al día, detectar los sectores productivos donde más se destruye empleo así como las necesidades de formación para acceder a otros distintos y decidir con la máxima ecuanimidad posible, antes que con preferencias clientelares. Téngase en cuenta que el SCE financia las actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos o, de forma excepcional, mancomunidades y entidades dependientes, con veinte millones de euros procedentes del Plan Integral de Empleo de Canarias y diez millones más que aporta la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Las contrataciones se dedicarán a la ejecución de proyectos municipales iniciados antes del final de 2019 y desarrollados, como máximo en doce meses. Los ayuntamientos seleccionarán hasta un 40 % del total de participantes. El 60 % restante corresponderá al SCE mediante una loferta pública de empleo entre parados de larga duración. En fin, que se pedía pragmatismo y ahí afloran las primeras opciones esperanzadoras. No olviden la divulgación. A ver si hay éxito.