El amplio y documentado informe dirigido por la catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, no deja lugar a dudas sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica del conocido como el Monumento a Franco, que se alza en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga. Ayer, todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz (PSOE, CC, PP, CS y Unidas Podemos) acataron esta conclusión de manera unánime, y de la misma forma, acordaron solicitar un informe a la Secretaría General del Pleno (o al órgano asesor jurídico del ayuntamiento que corresponda) sobre los mecanismos necesarios, y las opciones que existen, para poder dar cumplimiento a la Ley de Memora Histórica. Es decir, una vez que se concluye que la escultura de Juan de Ávalos incumple la ley, deben ser los servicios jurídicos municipales los que determinen de qué forma se puede revertir esa vulneración de la norma, que data de 2007.
Según el estudio de la ULL, el monumento no es resignificable, solución esta que se había propuesto en el mandato pasado. El mismo informe concluye que el conjunto escultórico debe ser retirado del espacio público para ser custodiado en dependencias municipales, sin posibilidad de ser exhibido públicamente. También aporta una solución, extensible a todo el patrimonio que incumple la Ley de Memoria Histórica: “El proceso de revisión de los patrimonios incómodos del pasado debería permitir su instalación en un parque público, con la contextualización necesaria acerca de su valor artístico y su sentido histórico y cultural”.
Dado que estas recomendaciones no incluyen valoraciones de índole jurídica, será ahora la Secretaría del Pleno la que elabore un informe sobre la fórmula a aplicar para que se cumpla la ley en lo referente a la escultura.
De esta forma, la reunión mantenida ayer por los portavoces de los partidos y que se convocó ad hoc para poner en común las posiciones sobre el informe de Memoria Histórica elaborado por la ULL, concluyó con el consenso de todos los partidos políticos, al entender que el Monumento a Franco incumple con la Ley de Memoria Histórica, decidiendo por unanimidad pedir el citado informe.
Respecto al resto de símbolos, vinculados principalmente a plazas, calles, emblemas y demás, se ha decidido preparar un cronograma para intervenir sobre ellos, puesto que no existen dudas jurídicas. La próxima reunión será en el mes de enero, donde probablemente la Corporación cuente ya con el documento.
Tras la convocatoria, todos los portavoces expresaron su satisfacción por el consenso alcanzado. La primera teniente de alcaldesa y concejala de Cultura, Matilde Zambudio, valoró el acuerdo alcanzado. “Una vez que estamos todos, coincidimos con las consideraciones históricas y que la aplicación o no de la ley no deja de ser una cuestión jurídica. Se deberá determinar cómo aplicar la norma a través de la Secretaría del Pleno”. “Hay conformidad para que todo se haga de esta manera y tendremos que esperar a lo que determine el secretario”, añadió.
El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, también valoró el consenso en el que “todos reconocemos el claro incumplimiento de la Memoria Histórica por parte del Monumento a Franco, así que todos trabajaremos para que se cumpla la ley y para que se elimine del callejero los símbolos franquistas”.
Oposición
Desde CC, Juan José Martínez detalló que, en este primer contacto, “se ha quedado en tener otra reunión en enero para conocer una propuesta de calendario para el cumplimiento del informe sobre la situación del municipio en relación a la Ley de Memoria Histórica y en solicitar un informe al secretario sobre las alternativas que existen en el caso particular del conocido como Monumento a Franco”. “La posición de CC es, en cualquier caso, la de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en todos sus términos, algo que entendemos no puede ser de otra manera”, añadió.
El portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, también ensalzó la búsqueda de consenso entre todas las fuerzas políticas. “No se ha entrado en en valoraciones artísticas o jurídicas puesto que no estamos capacitados para ello, solo podemos hacer valoraciones políticas, y en ese punto es en el que todos hemos estado de acuerdo en que deben ser los servicios jurídicos los que fijen el cumplimiento de la ley”.
Ramón Trujillo (Unidas Podemos), señaló que “con respecto al monumento, una vez que hay un dictamen histórico sobre su carácter franquista y no resignificable, la idea es que el secretario emita un informe jurídico. Se trata de que todo lo que acabemos decidiendo esté bien atado legalmente para que no sea objeto de recursos legales que demoren la aplicación de lo que se decida”.
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