política

Tratan de hacer coincidir las reuniones sobre inmigración y conectividad

Torres anuncia que la “cumbre de Estado” que había solicitado para mejorar la coordinación institucional se celebrará previsiblemente el viernes 31, dos días después del encuentro de los territorios extrapeninsulares
Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres y Julio Pérez, al inicio del Consejo de Gobierno. DA
Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres y Julio Pérez, al inicio del Consejo de Gobierno. DA

DA  / Agencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que, previsiblemente, el próximo viernes se celebrará en el Archipiélago la reunión que había solicitado para mejorar la coordinación institucional en la respuesta a la llegada de inmigrantes irregulares. Torres expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de dar la mejor respuesta posible en este ámbito, pese a que recordó que el “repunte” en la llegada de inmigrantes a Canarias -unos 2.800 en 2019- está lejos de las cifras alcanzadas en 2006, cuando fueron más de 33.000. Añadió que esta cuestión también depende de la buena relación con Marruecos, Mauritania y Senegal y, de hecho, resaltó, el año pasado se pudo contener en los países de origen la salida de inmigrantes por vía irregular hacia las costas canarias en un 40%. El jefe del Ejecutivo precisó que se está tratando de hacer coincidir esta cita con la convocatoria de representantes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para abordar el alza en los precios del transporte aéreo con la Península.

El 8 de enero hubo una reunión técnica en el Ministerio del Interior sobre el repunte migratorio en Canarias. Participaron exclusivamente personal del Ministerio, acompañado por miembros de su gabinete técnico, y el personal delegado en las Islas. Entre los asistentes se encontraban la secretaria de Estado de Seguridad, el comisario general de Extranjería y Fronteras y el general de Zona de la Guardia Civil en Canarias. A su conclusión, el ministro Fernando Grande-Marlaska se puso en contacto con Ángel Víctor Torres para trasladarle, de forma directa, los primeros acuerdos adoptados. Entre ellos está la mejora de los medios personales y materiales en los países de origen de los migrantes irregulares (Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia), con el objetivo de frenar la salida de ellos en pateras y cayucos. Se activarán, asimismo, instalaciones existentes para la acogida de extranjeros, como es el caso del CIE El Matorral, en Fuerteventura. El ministro comunicó que se adecuarán las políticas migratorias, agilizando los trámites administrativos, por ejemplo, para los supuestos en los que las personas que han llegado a España de forma irregular y puedan ser retornadas lo hagan cuanto antes. En 2019 llegaron a Canarias 2.698 personas en cayucos y pateras. Son más de 1.000 migrantes más que el año anterior, aunque el repunte fue más pronunciado en términos porcentuales en 2018, cuando alcanzaron las costas canarias 1.308 personas, tres veces más que el año anterior (en 2017 fueron algo más de 400). El ministro reiteró al presidente canario su voluntad de hacer una visita a Canarias para comprobar cómo se están coordinando los trabajos.

En este contexto, el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, aclaró ayer que el grupo de 57 inmigrantes que lleva un mes en dependencias anexas a la Comisaría de la Policía Nacional en Playa de Las Américas “tienen las puertas abiertas y son libres para entrar y salir”, de tal manera que no serán expulsados. “No están detenidos ni retenidos, están voluntariamente”, comentó, a la vez que valoró la “solidaridad” de los agentes de la Policía Nacional que, “sin corresponderles”, han prestado un espacio para atender a los inmigrantes y con alimentación e higiene. Procedentes de varios países del África Occidental, llevan un mes en el Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros y temen ser expulsados. Piden ayuda para viajar a la Península o a países donde podrían ser acogidos por algunos familiares.

Torres se refirió, igualmente, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A su juicio, carece de sentido” porque las administraciones públicas han empezado a pagar intereses a los bancos por depositar dinero que no pueden gastar en servicios básicos o asuntos que demandan los ciudadanos. El dirigente socialista reconoció que la derogación no está incluida en el pacto suscrito entre PSOE y Unidas Podemos, pero espera que su debate se lleve al Congreso y se logre un “amplio consenso”, ya que muchos presidentes autonómicos, de otras fuerzas políticas, “piensan lo mismo”.