Una sentencia del Tribunal Constitucional, a raíz de la denuncia de una empresa, amenaza con anular la ampliación del ámbito de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de Los Hoteles-Pino de Oro, en Santa Cruz, aprobada el 11 de diciembre de 2014. Este fallo del TC amenaza con desencadenar ahora un nuevo embrollo judicial que puede afectar a numerosos vecinos de este céntrico sector de la capital tinerfeña.
La empresa Julitex SL inició un contencioso-administrativo contra la ampliación del citado BIC alegando que el procedimiento para su aprobación, desde que se incoó el expediente hasta que finalmente se aprobó, había superado con creces el plazo de 12 meses que establecía la ya derogada Ley de Patrimonio de Canarias para este tipo de procesos.
La demanda, con fecha de 2015, argumentaba que a pesar de que el proceso estaba caducado, la citada ley obligaba a denunciar previamente esa caducidad, permitiendo al Gobierno de Canarias sumar automáticamente dos meses para aprobar el BIC. Este artículo de la ley, argumentó la empresa, contradecía la ley estatal de procedimiento administrativos, por lo que no debía ser tomado en cuenta para declarar caducado el proceso.
En este punto, y a pesar de que tanto la empresa demandante como el Gobierno de Canarias se opusieron a que se planteara la cuestión de inconstitucionalidad, finalmente el TSJC atendió la petición del fiscal y elevó el proceso al Tribunal Constitucional.
La demanda inicial quedó en suspenso a la espera de que el TC emitiera su fallo, cosa que se ha conocido esta misma semana, al publicarse la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resultado es que, finalmente, el Constitucional ha estimado la cuestión planteada por el TSJC y declara inconstitucional el artículo de la ley derogada. Concretamente anula la parte que decía que: “Transcurrido este plazo, se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora, la administración actuante dispondrá de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias para la declaración del Bien de Interés Cultural, la que deberá producirse en el plazo de dos meses a partir de la recepción”.
Desde la Gerencia de Urbanismo se entiende que el resultado de esta sentencia podría afectar en un futuro a la ampliación del BIC de Los Hoteles, puesto que el proceso interrumpido de la Sala 2 del TSJC tiene que emitir su fallo. Esto supone que si el TSJC, una vez considerado que es inconstitucional el argumento esgrimido inicialmente por el Gobierno de Canarias, podría fallar a favor de la empresa y declarar nula la ampliación. Sin embargo, el lío está servido porque la citada norma se encuentra derogada en su totalidad desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Canarias desde septiembre.
Por otra parte, este no es el único proceso judicial al que se enfrenta la ampliación de este BIC, puesto que el Ministerio de Defensa también denunció el decreto del Gobierno de Canarias por incluir todos los edificios militares ubicados en los alrededores de la plaza Weyler sin, al parecer, hacer la consulta previa al Estado para llevar a cabo la modificación.
La ampliación del BIC de Los Hoteles-Pino del Oro supuso incluir la totalidad de los inmuebles con fachada a la calle José Naveiras, en su tramo comprendido entre Méndez Núñez y la Rambla de Santa Cruz. Se incorpora al ámbito al Hotel Mencey y a la Casa Duque. En la margen noroeste de la Rambla de Santa Cruz hasta su intersección con la Horacio Nelson, el límite se amplía para incluir la totalidad de los inmuebles, cuyas fachadas se orientan hacia este lado de la vía.
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