SOCIEDAD

Marlaska comparte la “preocupación” de Canarias por el repunte migratorio pero asegura que la situación está controlada

Canarias traslada al ministro del Interior la propuesta de que se activen los mecanismos de solidaridad previstos en la UE para la acogida de las personas que alcanzan las costas isleñas de manera irregular

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. DA
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. DA

Diario de Avisos/Agencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió ayer formalmente que se activen los mecanismos de solidaridad previstos en la Unión Europea para la acogida de los inmigrantes que llegan a estas costas, ante un repunte en el flujo de pateras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce que “preocupa”, pero que ve “bajo control”.

Tras el encuentro del ministro con las administraciones de las Islas y los cuerpos de seguridad y emergencias implicados en este fenómeno, en Las Palmas de Gran Canaria, Torres anunció que cabildos y ayuntamientos están dispuestos a habilitar más plazas de acogida humanitaria, porque la mayoría ya están desbordados, y que la Administración General del Estado va a hacer lo propio con sus recursos.

Grande-Marlaska adelantó que se va a acondicionar el módulo de madres de la cárcel de mujeres de Tenerife como espacio de acogida para inmigrantes, mientras se estudian nuevas opciones que se van a llevar a la reunión que mañana celebra la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, presidida para esta ocasión por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El ministro declaró que comparte con las autoridades canarias la “preocupación” que suscita este incremento en las entradas irregulares de personas por vía marítima al país a través del Archipiélago. Sin embargo, llamó a evitar el “alarmismo”, porque la situación no es comparable a la crisis de los cayucos de 2006 y porque, recalcó, este Gobierno “tiene una política migratoria”, a diferencia de su antecesor, en cuyo mandato “dejó de existir”. El ministro recordó que esta política se ejerce en una primera fase desde la prevención, con iniciativas de cooperación al desarrollo que permitan “adelantar las fronteras y posibilitar que haya menos necesidades de salir a buscarse la vida”, una tarea que España tratará de que el próximo presupuesto europeo, vigente entre 2021 y 2027, haga “efectiva y estructural”. Esta política migratoria también se garantiza, añadió Grande-Marlaska, con la lucha contra las redes y mafias ilegales, que ponen en riesgo a miles de personas, y con acuerdos bilaterales con estados vecinos, como los existentes con Marruecos, Mauritania y Senegal, que se prevén extender a Gambia, Guinea Conakry y Ghana, para favorecer las repatriaciones con plenas garantías, “como las que ya se producen”.

Polémica sentencia sobre devoluciones

Aunque son circunstancias distintas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló este jueves las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes tras saltar la valla de Melilla, en un fallo que puede acarrear repercusiones inmediatas en la política migratoria de los países europeos. Diversas organizaciones de derechos humanos, asi como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han cuestinado dicho fallo, que ahora miran hacia el Tribunal Constitucional español para que declare la “insconstitucionalidad de estas prácticas”.

La Gran Sala de la más alta instancia de la corte, ante la que no cabe recurso, falló por unanimidad a favor de España en el caso de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en el enclave español de Melilla en agosto de 2014. La corte europea rectificó así su sentencia de octubre de 2017, en la que la Sala condenó a España por esta “expulsión de carácter colectivo”, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, “sin ninguna medida administrativa o judicial previa”.

Ahora, la Gran Sala de 17 jueces concluye que los dos demandantes, el maliense N.D. y el marfileño N.T., “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad”, al acceder “a lugares no autorizados, en un grupo numeroso, aprovechando el efecto masivo y recurriendo a la fuerza”. Entiende que “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español”. El TEDH agrega que la ausencia de una decisión individual de expulsión “se puede imputar al hecho de que los demandantes no utilizaron los procedimientos de entrada oficiales existentes a tal efecto y que, por lo tanto, es la consecuencia de su propio comportamiento”. Al respecto, la Corte europea “no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión”. Esa ausencia “no constituye, por sí misma, una violación del artículo 13 del Convenio”. Este último garantiza el derecho a un recurso efectivo, que fue desestimado, al igual que el artículo 4 del Protocolo nº4, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros.

La sentencia comparte el argumento del Gobierno español de que los inmigrantes disponían de “un acceso real y efectivo al territorio español en el puesto fronterizo de Beni-Enzar”, al igual que a las embajadas y consulados españoles.

Una vez que los inmigrantes salen al mar, relató Fernando Grande-Marlaska, “la obligación de España es rescatarlos”, una labor de “seguridad humana” que el país brindó en 2018 a 60.000 personas y a 26.000 el pasado año, detalló, y valoró la labor que se hace en materia de protección internacional. Y es que España fue en 2019 el tercer país de la UE que más peticiones de asilo y refugio recibió, con 118.000 expedientes, unas demandas de protección internacional que en el mes y medio transcurrido de 2020 ascienden a 13.000, la cifra más alta del entorno europeo. “Tenemos conocimiento efectivo” del fenómeno migratorio que afecta a Canarias “y hemos venido a compartir la preocupación por este repunte, si bien la situación está perfectamente controlada y coordinada”, comentó el ministro. “Todas las devoluciones” de inmigrantes que hace España “se realizan en el marco de la normativa internacional y con un control judicial efectivo, con las máximas garantías”.

Respecto a la situación que viven los internos en los CIE como el de Barranco Seco, en Gran Canaria, criticada por agentes sociales y por jueces de control, como el de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, Grande-Marlaska destacó que el Gobierno español ha destinado 33 millones de euros a la mejora de las ocho infraestructuras de este tipo que operan en el país y a la creación de un nuevo concepto de CIE en Algeciras que abrirá en dos años. En cualquier caso, el ministro afirmó que se harán las obras que se precisen para garantizar “un sistema de vida” a los usuarios de estos centros.

Preguntado por la polémica abierta en torno a la devolución de inmigrantes de Mali a Mauritania, censurada por varias ONG, Grande-Marlaska resaltó que todo el proceso de repatriaciones se realiza respetando las leyes españolas, la normativa internacional y los derechos de los afectados y bajo control judicial.

Torres calificó la experiencia de “muy importante” y agradeció la flexibilidad mostrada por las corporaciones locales para aportar espacios y ha sugerido al Gobierno que “flexibilice” llevar a cabo acciones que “no son propias” para atajar la situación migratoria, mientras que desde las organizaciones no gubernamentales se reclama “racionalizar lo que está ocurriendo” en Canarias. Estas demandas han permitido trasladar al ministro y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloulm, la necesidad de que se deriven más recursos económicos, materiales, de espacios y humanos porque, arguyó Torres, “hace falta lógicamente tener más recursos, más espacios”. Sobre ello, el ministro indicó que recientemente se han creado 900 plazas para asistencia humanitaria y que se trabaja en ello “permanentemente”. El presidente canario expuso que, en cuanto a los controles en origen, se están haciendo con “más efectivos”.

El ministro visitó el Centro de Coordinación Regional de Canarias, un lugar pionero en el control de los flujos migratorios, donde conoció el trabajo diario que se desarrolla en este organismo. La agenda se completó con sendas recorridos por la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil. Grande-Marlaska respaldó el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.