Volver a 1979

Sánchez quiere un acuerdo en Cataluña que tenga el mismo apoyo que el Estatuto aprobado en 1979. En esa fecha, el referéndum dio un resultado favorable del 88%. Tenía siete años cuando eso, por lo que es normal que solo conserve ese dato en la memoria, ignorando el resto de la polémica generada en torno al Estatuto de Sau. Era el mes de agosto y yo estaba en una reunión en Aravaca en la que miembros de UCD debatíamos sobre el proceso autonómico que se estaba poniendo en marcha. Esa misma mañana se presentaba en el Congreso el proyecto que venía calentito desde Barcelona. Juan Quintás Seoane intervino para anunciar la llamada tercera vía planteada desde Galicia. Un artículo publicado en la primera edición de El País, donde exponía su tesis con claridad. Fue secuestrado a las pocas horas para no contaminar el debate, según se dijo. ¿Qué estaba pasando? Como siempre se trataba de un tema de financiación. En lo referente al capítulo de impuestos participados, se decía que Cataluña percibiría un porcentaje sobre los que se recaudaran en la región, en lugar de referirlo al conjunto del Estado. Carlos Sentís protestaba defendiendo el texto catalán, pero los argumentos de Quintás eran contundentes.

Interpretaba el concepto de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, donde se define de manera general el diseño territorial. ¿Recuerdan? “Se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Hay aquí una diferencia y una uniformidad, igual que hoy, igual que ayer, e igual que siempre. Un territorio que se vertebra sobre el reconocimiento de la diversidad y que se garantiza por medio de la igualdad, encuentra una enorme dificultad en ser admitido por todas las partes, sobre todo en lo del dinero. El eterno problema. Se hablaba del Fondo de Compensación Interterritorial como corrector de todas las desigualdades, pero, en realidad, lo que subyacía era la falta de uniformidad en lo económico. El gallego no lo veía muy solidario y puso un ejemplo en el que demostraba que los impuestos generados en la región serían transmitidos, vía precios, al consumidor final, como ocurriría con unos calcetines fabricados en Tarrasa que terminarían siendo pagados por un habitante de Monforte de Lemos. El Estatuto fue devuelto aquella mañana admitiendo las enmiendas de Quintás, pero las intenciones de los parlamentarios catalanes eran las que eran. Yo creo que nada ha cambiado, que, en esencia, las cosas siguen siendo las mismas, y que a lo largo de tantos años esas diferencias entre nacionalidades y regiones no deben hacerse patentes sobre una condición histórica, como plantea la Disposición Transitoria Segunda, sino sobre una realidad financiera, que es donde de verdad se establecen los rangos que determinan la excepcionalidad.

Después llegó octubre y se celebró el referéndum, y la euforia por la novedad de las instituciones recién restituidas hizo que el pueblo acogiera con entusiasmo el texto estatutario, hasta alcanzar ese 88% que hoy reclama Sánchez para su acuerdo de negociación. Sigue pensando en esa fórmula plebiscitaria que pueda contentar al pueblo con una consulta que no es tal. Al menos se sustituye por la que nos ha llevado a la situación actual, considerada fraudulenta por los tribunales.

Lo ocurrido en el parador de Sau, en 1979, es muy parecido a lo que hoy se reclama más cargadito de bombo. Quiero decir que la situación está en reconocer especificidades superiores en un escenario de buenismo solidario, y esto se sabe que no ha variado. La culpa siempre será del maestro armero, pero lo que no podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, hacernos trampas en el solitario. Es bueno desear un apoyo del 88% a los acuerdos si así se inaugura una nueva etapa para las relaciones entre el Estado y sus partes integrantes, pero no hay que confundir el entusiasmo manifestado en el referéndum de 1979, con el espíritu que llevó a los ponentes de Sau a redactar aquel texto. Eso está en vigor, lo otro no.