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Educación acosada

El acoso a la educación por la política ha sido constante a lo largo del período constitucional desde el 78 y se mantiene como campo de confrontación. Como señalaba Azaña es necesaria la educación para construir la nación, por lo que se opuso a su cesión a las autonomías en la Constitución del 31 de la República y en sus Estatutos catalán y vasco. Cabe referir en etapa constitucional hasta 10 normas educativas. La ley franquista Villar Palasí, operó desde 1970 a 1980, ya con la Constitución 78. La UCD de Suárez la modificó con la LOECE (Ley Orgánica Estatuto Centros Escolares) de 1980, revocada por Decreto de Felipe González en 1981, previo a su LODE (Ley Orgánica Derecho Educación)1985. Que modificó en 1990 con la LOGSE (Ley Orgánica General Sistema Educativo), para volver nuevamente en 1995 a la LOPEG (Ley Orgánica Participación, Educación y Gobierno). Aznar consiguió en el 2002 aprobar la LOCE (Ley Orgánica Calidad Educación) , que no llegó a aplicarse. Zapatero en 2006 la modificó con la LOE (Ley Orgánica Educación). En el 2014 con Rajoy entró en vigor la Ley Wert, LOMCE (Ley Orgánica Mejora Calidad Educativa), que tampoco se aplicó completa. Y será sustituida en el gobierno Psoe-Podemos de Sánchez, por la Ley Celaá LOMLOE (Ley Orgánica Modificación Loe) 2020. En 40 años 10 leyes, con 35 años de vigencia efectiva de leyes de izquierda. Los 17 minimercados autonómicos educativos se reflejan en las calificaciones del PISA, donde España se coloca en puestos últimos de la OCDE y segmenta la calidad entre sus autonomías de Norte y Sur. Las primeras con fórmulas educativas, pública, concertada y privada, de 50/30/20 y las del Sur, como Canarias en 78/17/5; donde se dan las mayores cuotas de fracaso y abandono escolar. A mayor divergencia de fórmula escolar, mejor oferta educativa. Y además es más barata para lo público, ya que la concertada se financia con el 50% de los recursos de la pública, 4.500 euros/año, contra 9.000 euros/año. La concertada en España representa sobre el 28%, del cual el 70 % es religioso. De relevancia el fallo del TC 37/ 2018, recurriendo la Ley Wert, donde se declara constitucional la educación diferenciada y su financiación pública, con los votos en contra de los miembros del Psoe en el TC. La Ley Celaá del Psoe -Podemos, juega en el tablero “multicultural” de los derechos segmentados. Contra lo previsto en el art.27 de la Constitución, que consagra las libertades de elección de centro, creación de centros escolares, ideario propio, libertad de cátedra y gestión. Ataca la concertada religiosa, en la obsesión anticlerical del nuevo gobierno, al anular la demanda social en la planificación de los centros, niega sus ingresos complementarios cuando gastan la mitad que la pública y fuerzan las libertades escolares de ideario y cátedra. En su deriva nacionalista se suprime la evaluación externa nacional que mide la calidad de los centros: reduce las competencias curriculares unitarias y deja en vacío al español en la escuela nacionalista. Partidarios de la escuela pública única, la ley permite penalizar los conciertos sin tener en cuenta la demanda social, que mide la calidad desde el usuario. Recorta los ingresos complementarios del centro concertado; penaliza la educación diferenciada legalizada por el Supremo y las enseñanzas religiosas pasan a no ser curriculares, a pesar de su demanda general. Para facilitar su trámite, rebaja el nivel del aprobado y su recuperación, y con ello la autoridad docente, la excelencia y el esfuerzo del alumno. Se amplía el desconcierto con las leyes de libertad sexual, de memoria histórica, de violencia de género y código penal. Leyes de elevada conflictividad e inseguridad jurídica, donde se comportan como Pujol, quien al tiempo de ser elegido español del año, acosaba la educación, el idioma, el mercado y los impuestos de todos. Sectarismo.

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