en la frontera

Covid-19, interés general y derechos fundamentales

En un momento de crisis humanitaria como la actual, en plena emergencia por la Covid 19, la calidad del Estado social y democrático de Derecho se mide por el grado e intensidad con que los ciudadanos podemos disfrutar y ejercer los derechos fundamentales, sean de orden individual, sean de naturaleza social. En este tiempo de dura prueba para todos los seres humanos, es crucial preservar el contenido esencial de los derechos fundamentales, también el de los denominados fundamentales sociales, especialmente el derecho a la salud, que reclama del Estado el despliegue de los medios materiales y personales para hacerlo efectivo en condiciones de dignidad. Los derechos sociales fundamentales son de singular relevancia y en su naturaleza llevan inscrita las prestaciones del Estado que los hacen posibles. En España, sin embargo, algo habrá que cambiar, el derecho a la salud sigue siendo un principio rector de la política social por más que en la realidad, de hecho, sea un derecho fundamental, al menos en los que se refiere a las obligaciones que tienen los Poderes públicos para hacerlo efectivo. Sin embargo, y esto habrá que corregirlo, no es formalmente un derecho fundamental y, por tanto, no dispone de la protección especial de la que disfrutan estos derechos en nuestro Ordenamiento constitucional. El interés general es el fin propio de la Administración pública como solemnemente dispone nuestra Constitución. Que así sea significa, ni más ni menos, que tal concepto, clave de bóveda del Derecho Público Constitucional, debe realizarse en la realidad concreta, de forma adecuadamente motivada, al servicio de la protección, defensa y promoción de la dignidad humana, y en un contexto de participación ciudadana. Por tanto, la relación entre el interés general y los derechos fundamentales es tán estrecha que no se puede entender el interés general al margen de los derechos fundamentales y viceversa. También, y de modo más intenso, en una situación excepcional y extraordinaria como la que vivimos en este tiempo. La privacidad y la protección de la esfera íntima personal de los ciudadanos, si cabe, debe ser objeto de especial protección en situaciones como la que ahora vivimos por más que se pretenda una geolocalización de la población para combatir con eficacia la actual pandemia. Es posible, y exigible, que estas técnicas de intervención administrativa respeten y preserven ese espacio de libre personalidad del todas las personas disfrutamos precisamente por ser eso, seres humanos que nos realizamos en la cotidianeidad libre y solidariamente, máxime en tiempos de emergencia sanitaria. En realidad, la comprensión de esta forma de entender el Derecho Público en el Estado social y democrático de Derecho parte de consideraciones éticas, pues en sí mismo este modelo de Estado no es ajeno a la supremacía de la dignidad humana y a la necesidad de que los poderes públicos promuevan derechos fundamentales de la persona y remuevan los obstáculos que lo impidan. De lo contrario se instalaría entre nosotros un nuevo Estado policía y censor en quien se concentraría también el monopolio del acierto, de la verdad y de la moral. La dimensión ética del Derecho Público es un rasgo inseparable e indisolublemente unido a su raíz y a sus principales expresiones. No podría ser de otra forma porque atiende de manera especial al servicio objetivo a los intereses generales que, en el Estado social y democrático de Derecho, están inescindiblemente vinculados a los derechos fundamentales, individuales y sociales, de las personas. La forma en que los principios éticos y sus principales manifestaciones sean asumidos por el Derecho representa el compromiso real de los Poderes del Estado en relación con la dignidad del ser humano y el libre y solidario ejercicio de todos sus derechos fundamentales. Hoy, a juzgar por lo que vemos a diario, bajo mínimos en tantas partes del mundo.

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