política

La renta de emergencia canaria se llevará al Consejo de Gobierno mañana o el próximo lunes

La intención inicial del Ejecutivo autonómico es que sea de idéntica cuantía a la PCI (460 euros) y se pueda conceder cuanto antes
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. DA

La renta de emergencia canaria será llevada mañana sábado o el próximo lunes al Consejo de Gobierno autonómico en el afán de que esta ayuda a los más necesitados de la sociedad isleña sea concedida cuanto antes posible.

Así lo desvelaron ayer a DIARIO DE AVISOS fuentes del propio Ejecutivo regional, quienes cuantificaron dicha renta en 460 euros. La cifra corresponde a la que se percibe por la Prestación Canaria de Inserción en la actualidad.

Para hacer posible que todo esté a punto para que la deliberación del Consejo se produzca lo antes posible, un equipo interdisciplinar trabaja contra el reloj para que así sea posible.

En dicho equipo están representados los equipos de Presidencia, Vicepresidencia y Asuntos Sociales. Entre los componentes cuya identidad ha podido conocer este periódico se encuentran el ahora director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.

En cuanto a los beneficiarios previstos para esta renta canaria de emergencia se encuentran todos aquellos que no perciben ingresos a cuenta de la ya citada Prestación Canaria de Inserción, el subsidio de desempleo y cualquier otro tipo de pensión, apuntaron las fuentes aludidas anteriormente.

Pero esta renta de emergencia no será la única buena noticia que emanará en breve desde el Gobierno de Canarias, por cuanto se considera inminente que en el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de carácter social para Afrontar la Crisis Provocada por la Covid-19 (donde a buen seguro) se dará curso a esa ayuda básica se incluya igualmente la exención a 17.253 familias inquilinas de una vivienda social en las Islas del pago del alquiler mensual desde este mes y hasta que acabe el estado de alarma, “para apoyar y colaborar así en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población como son los adjudicatarios de viviendas protegidas”.

En concreto, se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, que ascienden a un total de 4.528 viviendas.

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