
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, compareció ayer por vía telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias con el escudo de protección de “la mayoría ciudadana”. En relación a las medidas adoptadas contra los efectos de la pandemia del coronavirus, contrastó la situación actual con las aplicadas en la crisis de 2008 “en favor de una minoría de privilegiados”. Santana arguyó que hay “muchísimas diferencias”. Al respecto, se preguntó: “¿Cuándo se ayudó a los autónomos?, ¿cuándo se apostó por los ERTE en vez de por los ERE?, ¿cuándo se puso una renta mínima para aquellas familias sin ingresos?”. Y respondió: “En aquel momento, lo único que yo recuerdo es que se dieron 60.000 millones a los bancos”. Ahora, prosiguió, “hemos trabajado con un objetivo claro: adelantarnos a la curva social”. Incluso, enfatizó, “desde antes de que fuera declarado el estado de alarma”. Lo último ha sido la aprobación, el viernes, del decreto ley sobre el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), que supone destinar una ayuda a 38.000 unidades familiares. “No se ha hecho de esta manera en ningún otro lugar” de España, apostilló. A ello añadió las ayudas para el alumnado de comedores a cuota cero, el aumento de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y las bonificaciones en el pago del alquiler de las viviendas sociales.
Santana expuso que los centros de mayores han sido una de las prioridades: Canarias fue de las primeras comunidades autónomas en cerrar los centros de día y clausurar las visitas, así como la que menos fallecimientos ha registrado en las residencias, once. “Es la única que está realizando pruebas diagnósticas a todos los mayores de residencias y sus trabajadores, que ya han concluido en las islas periféricas y en gran parte de Tenerife y Gran Canaria”. La consejera también mencionó que la herramienta digital Covida ha permitido que mil voluntarios atiendan a 1.200 mayores en su confinamiento. Recordó que la Administración General del Estado destinará 14 millones de euros a Canarias para luchar contra la pobreza y celebró la iniciativa Mascarilla 19, para que las mujeres víctimas de violencia machista denuncien su situación en las farmacias.
David Godoy (PSOE) resaltó el refuerzo del teléfono para los mayores, con servicio las 24 horas del día, “vital para que estas personas que viven en soledad, sin poder salir a la calle y sin tener con quien hablar a diario, sean escuchadas”.
Por CC-PNC-AHI, Cristina Valido reprochó a Noemí Santana su “ausencia” durante los primeros 15 días de alarma, la “falta de coordinación” con los cabildos y los ayuntamientos, y la “tardanza “en realizar pruebas en las residencias de mayores, donde “la escasa incidencia se debe a sus trabajadores”.
Poli Suárez (PP) acusó a la consejera de “falta de liderazgo para dar respuesta a los canarios más vulnerables” y pidió más ayudas alimentarias para las familias con niños.
Por su parte, Carmen Hernández (NC) manifestó que, “ante la crisis y la incertidumbre”, son las instituciones y los servicios públicos los que están llamados a generar confianza entre los ciudadanos.
María del Río (Sí Podemos Canarias) animó a la Consejería a continuar “por ese camino” para “afrontar los retos” de las crisis social y económica.
Y Melodie Mendoza (ASG) apeló a la unidad y a la responsabilidad para “no dejar a nadie atrás”. Muy crítica con la gestión, Vidina Espino (Cs) propuso la declaración de luto oficial.
