Tribuna

¿Dictadura constitucional? ¿Proyecto totalitario?

Cuando los dos pequeños “jefes” actuales de la nueva derecha española, más parecida que nunca a la derecha de siempre, hablan de “dictadura constitucional” o de “dictadura criminal” para referirse a la vigencia y prórrogas del estado de alarma y a las medidas adoptadas por el Gobierno para su aplicación en la lucha contra la […]

Cuando los dos pequeños “jefes” actuales de la nueva derecha española, más parecida que nunca a la derecha de siempre, hablan de “dictadura constitucional” o de “dictadura criminal” para referirse a la vigencia y prórrogas del estado de alarma y a las medidas adoptadas por el Gobierno para su aplicación en la lucha contra la pandemia, o cuando sus lugartenientes inmediatos hablan de “proyecto totalitario”, me viene siempre a la cabeza un episodio que vivimos cuando jóvenes los antifranquistas de mi generación.

Fue la instauración de una dictadura dentro de la Dictadura, en plenas vísperas de la desaparición del General Franco. Era el verano de 1975 cuando el BOE publicó el Decreto Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo.

Con el pretexto de contener la creciente ofensiva de ETA y la irrupción de otros grupos dispuestos ejecutar acciones violentas contra el Régimen, el último gobierno del franquismo decretó una “circunstancial disminución” de las “garantías constitucionales”, aunque “ningún ciudadano honrado y patriota” se debería “sentir afectado”.

La Exposición de Motivos de aquel Decreto-Ley, de la que formaban parte las anteriores expresiones entrecomilladas, también proclamaba que todas las medidas procesales que instauraba tenían similitud con las que “recientemente han sido adoptadas por Leyes especiales sobre la materia promulgadas por Inglaterra, Francia e Italia y, en vías de proyecto, Alemania”.

La comparación de aquel siniestro Decreto Ley con las normas antiterroristas de los países pertenecientes a las entonces Comunidades Europeas pasaba de largo sobre aspectos tan poco significativos de los sistemas políticos y de los ordenamientos jurídicos de aquellos Estados como el principio de separación de poderes (y, por tanto, la independencia judicial), la existencia de parlamentos representativos, elecciones libres, libertad de información, derechos de asociación y participación política, prohibición de tribunales especiales…en fin, de todo lo que diferencia una democracia de una dictadura.

Entre las actividades perseguidas por el aquel Decreto-Ley figuraba (artículo 10) “la crítica –directa o solapada–” al propio Decreto Ley, cuyos críticos quedaban de un plumazo asimilados a terroristas.

La disminución circunstancial de las garantías constitucionales conllevaba, por ejemplo, que “el plazo legalmente establecido para poner a disposición de la autoridad judicial a un detenido podía prorrogarse hasta diez días (eso sí, con “autorización judicial”); que su prisión provisional, hasta la celebración del juicio, dejaba de ser la excepción y se convertía en regla; o que la jurisdicción correspondía al Tribunal de Orden Público, compuesto por verdaderos esbirros de la dictadura, y no a la jurisdicción ordinaria.

Me gustaría poder atribuir las acusaciones de Casado y Abascal a su ignorancia de casi todo; pero no, no es eso. Son simplemente los gorgoritos de una estrategia dibujada y ordenada por despachos y centros de decisión mucho más opacos e infinitamente más poderosos que estos dos indocumentados.

¿Era tal vez el franquismo, al que el PP nunca ha condenado y VOX simplemente reivindica, una dictadura (al menos “constitucional”), un régimen totalitario? ¿Era un sistema político que ejercía la violencia de Estado contra cualquier ciudadano por el mero ejercicio de lo que hoy son derechos que constituyen la base de nuestra convivencia y el núcleo duro de nuestro sistema jurídico?

No es necesario haber vivido en aquellas circunstancias para imaginar que aquel Decreto Ley, que dejaba a los detenidos en manos policiales durante 10 días, concedía barra libre a la Policía Política, “la Social”, y era el mejor acicate para que auténticos pistoleros al servicio del Régimen se entregaran impunemente a la tortura y al sadismo.

¿Se imaginan a los demócratas de entonces llenando de querellas los juzgados contra los atropellos de la Policía Política cometidos al socaire de aquel Decreto-Ley?

A partir de entonces, la prensa del Régimen anunciaba cada día las grandes redadas, provincia por provincia, de militantes y organizaciones izquierdistas que no tenían que ver con el terrorismo, ni nada por el estilo. Por eso, la obsesión de estos pequeños mequetrefes por emparejar cada día al Gobierno con los “batasunos” a mí me suena familiar.

Por no ir más lejos: conocí muy de cerca la detención de Julio Trujillo Ascanio, un gomero muy listo como casi todos los gomeros, pero de frágil constitución. Matute casi lo mata, literalmente. Fueron tan evidentes las torturas que un juez honorable, que era nuestro profesor de Derecho Mercantil, don Rodolfo Soto Vázquez, puso en marcha una investigación. Las llamadas amenazadoras de los secuaces de la Social a su familia fueron una constante. ¿Eran policías o delincuentes uniformados?

En realidad, el franquismo quiso ser un sistema totalitario que controlara hasta las creencias y la vida cotidiana de la ciudadanía. No le faltaron apoyos, especialmente en la jerarquía católica de por aquel entonces: la misma que bendecía las entradas bajo palio del General a las ceremonias religiosas.

Pero acabó siendo una dictadura cruel y estrafalaria al servicio de un orden social profundamente injusto, después de la derrota de sus iconos nazi-fascistas, vergonzantemente legitimada por los gobiernos occidentales durante la Guerra Fría.

A estas alturas de la vida, uno hace ya mucho tiempo que comprendió que en todos los regímenes hay personas buenas y delincuentes; que hay buenas gentes que respaldan a sistemas de gobierno ignominiosos porque piensan que van a defender a su país no se sabe de qué amenazas; que ningún sistema de gobierno puede mantenerse durante mucho tiempo sólo sustentado en las bayonetas; que la religión y el patriotismo han servido demasiadas veces de coartada a las mayores opresiones políticas y sociales, como tantos idearios revolucionarios de carcasa a dictaduras sanguinarias; que los sistemas autoritarios, más que ningún otro, dan rienda suelta a lo peor de cada sociedad. Y también que no hay orgullo mayor que el de pertenecer a un país de libertades y dispuesto a acabar con la pobreza y el desamparo de sus hijos, que es el patriotismo del que algunos no quieren ni querrán nunca hablar…

Mas volvamos al principio. A cuando la Policía Política intentó desarticularnos a un pequeño grupo de activistas izquierdistas “La OPI”, por haber tenido el descaro de distribuir un panfleto contra aquel Decreto-Ley antiterrorista, lo que nos convertía directamente en terroristas.
Aquel panfleto decía: “Es para detener la lucha de los trabajadores y las clases populares por lo que el Régimen trata de meter en el mismo saco al Movimiento Obrero y Popular y al terrorismo”. El panfleto, probablemente redactado por el periodista Julián Ayala y por el entonces estudiante Andrés Doreste y que tengo en mis manos cuando escribo estas líneas, fue cayendo lentamente como una llovizna lagunera hasta la silla del mismísimo gobernador civil durante el festival de Los Sabandeños de las Fiestas del Cristo. Era la Plaza del Adelantado, septiembre de 1975.

Pocos días después la Social vino a detenernos a Julio Trujillo Ascanio, a Arcadio Díaz Tejera y a mí. Pero esa es otra historia. Que me viene a la cabeza cuando oigo las cosas que algunos dicen y veo otras que están pasando.