La Economía –la cuantía del gasto público- tiene unas leyes cuyo desconocimiento conduce al desastre presupuestario, es decir, a la quiebra, la recesión y el rescate. La deuda, como el salario mínimo y todas las variables macroeconómicas, tienen que guardar entre sí determinadas relaciones en función de la productividad, del PIB y de otros factores; la emisión de deuda, el salario mínimo y todo lo demás están sometidos a unos límites y deben obedecer a unas reglas. Y todo eso significa que las políticas sociales tienen unos límites muy precisos, unos límites marcados por las posibilidades de financiación del gasto público que generan. Significa que es Estado social no puede atender todas las necesidades ni las demandas sociales. Significa que el salario mínimo o la cuantía de las pensiones no pueden fijarse caprichosamente, ni el Estado endeudarse sin límites ni medida.
Así ocurrió con Rodríguez Zapatero, que llevó al país al borde de la quiebra y el rescate, y así está ocurriendo con Pedro Sánchez y sus aliados. Su fórmula consiste en que la gigantesca deuda pública irresponsable que están generando la paguen los alemanes y los holandeses; y una subida de impuestos a las grandes fortunas (esos ricos tan envidiados), cuya recaudación fiscal, dado el escaso número de contribuyentes y el obligado carácter no confiscatorio de esa subida, terminará siendo muy inferior a lo anunciado y propiciando la extorsión fiscal de la clase media. Convendría que recordáramos el famoso diálogo: “Nosotros queremos acabar con los ricos, camarada”. “Pues nosotros lo que queremos es acabar con los pobres”.
Esta insuficiencia estructural del Estado social, esta imposibilidad radical de financiar y atender la totalidad de las demandas sociales, hace más que necesaria la colaboración privada en la financiación y prestación de servicios sociales y de ayuda social; la participación de entidades civiles y religiosas, empresas, fundaciones, ONGs y toda clase de iniciativas ciudadanas para llegar a la población que lo necesita y a la que es Estado y las Administraciones públicas no pueden llegar. Y oponerse a esta colaboración privada es una posición no solo profundamente antisocial y reaccionaria, sino absolutamente irreal.
Si España fuera una empresa privada ya hubiera quebrado, y ahora mismo está al borde del rescate por la Unión Europea. Porque, por desgracia, estamos en manos de una gente que jamás ha gestionado nada en el mundo real, y que, encima, a su profunda ignorancia une un no menos profundo sectarismo. No hay otro camino que la política de ajustes severos que Europa obligó adoptar a Zapatero en la última parte de su mandato para enmendar sus disparates, y que Mariano Rajoy se vio obligado a proseguir. Y cuanto antes lo aceptemos, cuanto antes dejemos de engañar a los ciudadanos con ocurrencias optimistas y elucubraciones sobre un futuro feliz de ingentes fondos europeos y millones de turistas; cuanto antes dejemos de pedir limosnas, nos pongamos a la tarea y nos olvidemos de las demagogias y los votos, antes empezaremos a paliar el desastre. Y en Canarias, por supuesto, tres cuartos de lo mismo o incluso más.
