análisis

Cero energético, suspenso institucional (I)

Habiéndose producido hace unos días un ‘cero energético’ en la isla de Tenerife, el segundo en poco menos de un año, he considerado que una de mis obligaciones morales de servicio a la ciudadanía es la de publicitar a través de nuestros medios de comunicación una serie de consideraciones. Permítanme aclarar primero, porque la explicación […]

Habiéndose producido hace unos días un ‘cero energético’ en la isla de Tenerife, el segundo en poco menos de un año, he considerado que una de mis obligaciones morales de servicio a la ciudadanía es la de publicitar a través de nuestros medios de comunicación una serie de consideraciones.

Permítanme aclarar primero, porque la explicación que sigue es larga, el porqué de este titular: por mucho que le achaquemos la situación a las dos empresas que controlan nuestro sector eléctrico, la que genera (Endesa), y la que transporta (Red Eléctrica) que a la vez es el Operador del Sistema, la maraña administrativa que suponen las leyes y regulaciones sobre el sector eléctrico introducidas por el Partido Popular en la X Legislatura (2011-2015) han bloqueado e impedido las iniciativas que hoy evitarían que toda una isla se quedase sin luz. A eso se le suma la falta de voluntad de los últimos gobiernos de Canarias, y la escasa presión de nuestro Parlamento Regional, para liderar y provocar que tengamos una normativa adaptada a nuestras singularidades que permitiese modernizar nuestro sistema eléctrico, hacerlo sostenible y atajar de inmediato los problemas de raíz que causan estos ‘ceros’. Es por eso que mi principal lamento en todo este asunto es que las instituciones han suspendido en su deber de actuar ante los bloqueos legislativos y la sucesión de averías.

Con las líneas y reflexiones que siguen a continuación no pretendo nada más que aportar datos vinculados a mi larga experiencia parlamentaria en estas materias y en consecuencia ponerlas a disposición de los parlamentarios en Cortes Generales y en nuestro Parlamento Autonómico.

Cuando finalicé mi etapa política como Diputado en el Congreso, a finales de 2015 decidí recoger en tres monografías consecutivas, que fueron objeto de publicación, una serie de reflexiones y reproducir las propuestas y posiciones adoptadas por el grupo parlamentario socialista recogidas en los sucesivos diarios de sesiones sobre las transformaciones normativas que se habían producido en el sector energético nacional, esencialmente en la X legislatura en la que con mayoría absoluta del partido popular, se construyó una maraña legislativa y normativa de la que se curiosamente se derivan y acumulan negligencias en la gestión fruto de las dificultades para la obtención de autorizaciones en la reposición y mejora de elementos tecnológicos.

El primero de los volúmenes lo titulé: El fracaso de la reforma eléctrica del PP y su repercusión en Canarias. Por ello y ante este último cero eléctrico que se ha producido en la isla de Tenerife, he estimado conveniente transcribir la posición política que defendíamos y en consecuencia aportar sugerencias concretas para que sean objeto de consideración, si lo estiman oportuno, por parte de los actuales parlamentarios que representan a Canarias en las Cortes y en el Parlamento de Canarias.

 

SITUACIÓN INICIAL: LOS PECAN

Fue en el año 1986, con un gobierno presidido por Jerónimo Saavedra cuando se elaboró por primera vez en nuestra Comunidad el Plan Energético de Canarias (PECAN) que fue debatido en el Parlamento de Canarias. Tres años después en 1989 se formuló un nuevo PECAN que hizo pionera a Canarias en su apuesta por la generación eléctrica en las centrales eléctricas de ciclo combinado a partir de gas natural.

Con posterioridad, a finales del 2001 es cuando la comisión de seguimiento del PECAN encarga la elaboración de un nuevo documento de planificación energética en el que incorpora medidas derivadas del nuevo marco liberalizador recogido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico e introduce criterios como el del cumplimiento de los objetivos de Kioto en materia de gases de efecto invernadero y de reducción de contaminantes vinculados a la calidad del aire y de las aguas. El nuevo documento de planificación energética que surge del mandato anteriormente referenciado fue tomado en consideración por el Parlamento regional a finales de mayo de 2003.

Sin embargo, determinados factores condicionaron y ralentizaron la actualización del documento inicial. Referencio los más relevantes: las modificaciones de la Planificación Energética del Estado, las incertidumbres en los mercados energéticos mundiales, la aprobación de la reglamentación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (Real Decreto 1747/2003) como desarrollo normativo de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y la propia ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Kioto.

Después de una serie de circunstancias, fue en marzo de 2007 cuando el Parlamento de Canarias aprueba (con el voto favorable del grupo parlamentario socialista) un documento de Planificación Energética conocido como PECAN 2006 con el que se pretendió definir la política energética hasta el año 2015 basada en cuatro principios básicos:

1. Garantizar el suministro de energía a todos los consumidores en condiciones óptimas en cuanto a regularidad, calidad y precio.
2. Potenciar al máximo el uso racional de la energía.
3. Impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente eólica y solar, como medio para reducir la vulnerabilidad exterior y mejorar la protección del medio ambiente.
4. Integrar la dimensión ambiental en todas las decisiones energéticas.

Además, fijó un conjunto de objetivos, la mayor parte de ellos encaminados a fomentar la generación eléctrica mediante tecnologías limpias y a favorecer la diversificación de las fuentes energéticas convencionales a través de la incorporación de gas natural, con el fin de ir desplazando el excesivo empleo y dependencia de los productos petrolíferos, con el consiguiente efecto positivo sobre el medio ambiente. Asimismo, contemplaba un objetivo muy ambicioso de reducción de la intensidad energética: un 25% en el año 2015, respecto del valor del año 2004.

Casi 10 años después, a mediados del año 2017, el Gobierno de Canarias tuvo un primer conocimiento de un documento aún no debatido en el Parlamento de Canarias y que no llegó a debatirse en la pasada legislatura autonómica que llevaba por título ‘Estrategia Energética de Canarias 2015-2020’.

Cuando publique la monografía a la que he estado haciendo referencia, a mediados del 2018, era un hecho constatable que Canarias continuaba con un modelo energético muy alejado del que propugnaba no solo el PECAN 2006, sino también de la actual política europea en el marco de su Estrategia Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Necesidad urgente

Mi opinión por ese entonces ya era tajante: “constituye una necesidad urgente y una prioridad irrenunciable en nuestra Comunidad Autónoma la elaboración de una nueva Estrategia Energética de Transición de Canarias para la próxima década que sirva de guía para acometer la necesaria transición hacia un modelo energético más sostenible que contribuya al crecimiento económico y social de Canarias, en armonía con el medio ambiente”.

La generación necesaria para garantizar la seguridad de suministro en cada una de las islas, en el último decenio ha experimentado una paralización imputable a una maraña legislativa que prácticamente ha imposibilitado la modernización y reposición de instalaciones de generación.

Pero es que, además, en el último decenio el Parlamento de Canarias no ha ejercido la presión que debía haber puesto en juego para presionar al ejecutivo regional en la necesaria configuración de un modelo regional. Muy poco han cambiado las cosas dada la pasividad de las máximas instituciones de nuestra Comunidad, dado que podemos afirmar que al margen de preguntas o proposiciones no de ley inocuas normativamente, el Parlamento de Canarias aparenta no tener interés en liderar el desarrollo energético de la Comunidad, dado que en los diez últimos años no ha exigido la elaboración y publicación de un plan energético.

LA LEGISLATURA NEFASTA

En la X legislatura de las Cortes Generales se produjo una auténtica transformación de la normativa regulatoria en los sectores energéticos cuyo análisis desborda la intencionalidad de esta comunicación y por lo que vamos a referirnos exclusivamente a aquellos aspectos que curiosamente son los causantes de las crisis energéticas que hemos vivido en los últimos años. Se trata de las cuatro siguientes normas de las que creo han de ser modificadas algunos de sus contenidos. Labor que le corresponde lógicamente a las instituciones parlamentarias. Se trata de:

  • Real Decreto Ley 1/2012 con el que se paralizó la concesión del régimen retributivo de las instalaciones renovables.
  • La Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
  • La Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
  • El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

La realidad es que la maraña administrativa derivada de tanta norma estatal, a la vez superpuesta a la norma de la Comunidad Autónoma, ha producido una paralización del desarrollo de nuevos proyectos.