Acuerdo de largo alcance en Europa. Los 27 Estados miembros han dado un enorme impulso al proyecto europeo, a la altura del gran desafío que supone una pandemia que ha paralizado durante demasiado tiempo la actividad económica y social, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo.
Un hito negociador que ha sido liderado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que no hubiera sido posible sin el apoyo y la presión del Parlamento Europeo y, especialmente, del Grupo de Socialistas y Demócratas presidido por Iratxe García.
El acuerdo parte de una propuesta española, que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública a finales de abril y cuyos fundamentos Angela Merkel y Emmanuel Macron adoptaron planteando una respuesta en forma de Fondo de 500.000 millones en trasferencias para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
La Comisión Europea recogió el guante del eje franco-alemán añadiendo 250.000 millones en préstamos. Un mes después el Consejo Europeo aprobaba el plan, por un importe final de 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones en préstamos, manteniendo la cifra total fijada por la Comisión.
El trayecto ha sido sinuoso y no exento de pulsos, vetos y condiciones. Los autodenominados ‘frugales’, liderados por el holandés Rutte, tan beligerante como preocupado por su imagen de cara a las próximas elecciones en su país, han lanzado órdagos, aún a riesgo de resquebrajar el proyecto europeo, condicionando un acuerdo que tenía el apoyo de la gran mayoría de Estados, incluyendo a Alemania, Francia, España e Italia.
Países que, a pesar de aglutinar más del 85% del PIB y de la población de la UE, encallaron en las demandas frugales en un proceso de decisión intergubernamental por unanimidad cada vez más cuestionado y paralizante para el avance del proyecto europeo. Unanimidad que resulta paralizante también en otras políticas, como la fiscal o la exterior y de defensa, como se ha remarcado en las conclusiones recientemente aprobadas por los grandes grupos parlamentarios en el capitulo de Unión Europea de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.
Esta cumbre se cierra con éxito después de cinco jornadas maratonianas, tan próximos a la ruptura y al fracaso y, a la vez, tan cerca de dar un paso de gigante para el fortalecimiento de un proyecto europeo erosionado por el brexit, la crisis en la gestión de las migraciones, la salida a los shocks de 2008 y 2012 o la permanente ruptura del multilateralismo liderada por la administración Trump, entre otros factores.
Mención especial merece la altura de miras de la mayoría de líderes de instituciones y Estados miembro que han dejado atrás cálculos partidistas y electorales (salvo Rutte y su rigidez injustificada) y que han entendido que la UE es una comunidad de intereses compartidos donde lo que es bueno para Europa en su conjunto es bueno para sus ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan.
Sin embargo, ante este panorama, lo sucedido en España es para estar muy preocupados: un líder de la oposición que no encuentra su sitio, que no interpreta los códigos de responsabilidad, cooperación, utilidad o sentido de Estado. Un dirigente que prefiere alinearse con los intereses mal entendidos de los frugales y en contra de los de España con tal de no ver al presidente del Gobierno llegar al Congreso de los Diputados con un buen acuerdo para el país y para la Unión.
Un responsable que confunde oposición con confrontación y que escora hacia la extrema derecha enfrentándose a todo, absolutamente a todo, lo que viene de este Gobierno de coalición. Un partido que lo ve todo negro y que solo obtiene réditos electorales cuando esconde sus siglas. Una lástima para una organización que ha gobernado España.
De los 750.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea que suponen el acuerdo a España le corresponderán alrededor de 140.000 millones — el equivalente al 11% del Producto Interior Bruto español en el año 2019—, 72.700 millones de ellos en subvenciones no reembolsables. Respuesta enorme, el mayor esfuerzo económico desde la II Guerra Mundial, con una emisión de deuda conjunta sin precedentes y que marca un antes y un después en la construcción europea. La devolución de la deuda llegará a 2058 y las condiciones no afectan necesariamente a las pensiones, gasto social o reforma laboral, sino que se enmarcan en las recomendaciones del preexistente Semestre Europeo, la Agenda Digital y la Transición Ecológica. Además, se crean nuevos recursos propios de la Unión que nutrirán el presupuesto europeo que tendrán un carácter marcadamente ambiental, como al plástico y al CO2 en frontera.
En definitiva, recursos para dar cobertura en materia social y medioambiental durante los próximos años e impulsar la sanidad pública con un esfuerzo económico sin precedentes.
Un éxito histórico que debe ser bien gestionado para que la ciudadanía recupere la senda del bienestar lo antes posible y modernizar nuestras economías.
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