El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha denegado la medida cautelar de suspensión del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la capital en el que el 9 de julio se acreditó la expulsión de la concejala Evelyn Alonso de Ciudadanos (Cs).
La expulsión fue decidida por Ciudadanos ante el apoyo de Evelyn Alonso a la moción de censura presentada por CC y PP a la alcaldesa Patricia Hernández (PSOE), que gobernaba en coalición con Cs, y como resultado el pleno la consideró concejala no adscrita, conservando los derechos inherentes a su condición de representante local.
La defensa de la concejala sostiene en su escrito de petición de medida cautelar que la expulsión de un partido es una cuestión interna del mismo no revisable por el Ayuntamiento, pero que éste tiene el deber de realizar un control mínimo de verificación de la acreditación de la expulsión, que consiste en un control puramente formal que el Ayuntamiento.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este viernes de que el Juzgado ha denegado esta petición de medida cautelar al considerar que no se cumple un requisito necesario, que es la existencia de un perjuicio de imposible o muy difícil reparación para que en el caso de que el asunto sea estimado en sentencia, al entender que la concejala recurrente está actualmente en una situación de ejercicio pleno del núcleo de su función representativa, que queda preservada.
La resolución judicial explica, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que el núcleo esencial de la función representativa corresponde a aquéllas funciones que sólo pueden ejercer los concejales como titulares del cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución, y de la que no pueden ser privados y que consiste en participar en la función de control del gobierno local, participar en las deliberaciones del pleno, votar en los asuntos sometidos a votación, y el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las funciones anteriores.
Añade que el nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y la administración del municipio, como son la pertenencia a la Junta o Comisión de Gobierno no se integra en el núcleo esencial de las funciones del concejal, pues tales nombramientos constituyen aspectos de la organización y estructura consistorial dentro de las potestades que corresponden al alcalde de la corporación, lo que determina que el art. 23.2 de la Constitución no resulte vulnerado por la exclusión de los concejales no adscritos de tales nombramientos.
En este caso, según el auto judicial, lo que se pretende evitar con la medida cautelar es el posible perjuicio por eventual pérdida de expectativas de ser nombrada para cargo remunerado relacionado con el gobierno y la administración del municipio.
El auto concluye que la diferencia del presente asunto con el caso de la medida cautelar que resolvió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, relativo al Ayuntamiento de Valle Gran Rey, consiste en que el pase a la situación de no adscritos suponía el cese como 3ª teniente de Alcalde y concejala responsable de las Áreas de Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Igualdad y Juventud, respectivamente, lo que se apreció que conllevaba un perjuicio de imposible o muy difícil reparación en caso de ser estimado su recurso.
Esta resolución decide sobre una petición de medida cautelar mientras se tramita y resuelve la cuestión litigiosa, y es recurrible en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas