Un cayuco con 30 personas llega por sus propios medios a la playa de Troya

La llegada de pateras va camino de volver a convertirse en una pesadilla para Canarias, por mucho que los números aún sigan estando lejos de la terrible tragedia humanitaria que tuvo lugar en el segundo lustro de este siglo, cuando solo en un fin de semana llegaron a ser miles los seres humanos que arribaron a nuestras costas por esta vía, la más larga y peligrosa de las que tienen como destino el territorio nacional. Mientras los servicios de emergencia siguen atentos a los avisos de que hay otras dos barquillas camino de Canarias de las que nada se sabe, ayer arribó un cayuco con 30 personas por sus propios medios a la playa de Troya, dentro del término municipal de Adeje. Mientras tanto, otros 50 migrantes fueron derivados a Tenerife desde Gran Canaria ante el desbordamiento en los sistemas de acogida, especialmente en la isla redonda y en Fuerteventura. Desde febrero no hay vuelos de repatriación y los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) están cerrados, por lo que se buscan nuevos recursos, como el antiguo cuartel militar de Las Canteras, en La Laguna. Por ello, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo en las últimas horas contactos con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al objeto de buscar soluciones a un asunto que, hay que insistir, no deja de aumentar exponencialmente. No en balde, a mitad de este mes han llegado a las Islas más personas por esta vía que en todo el año pasado. De los contactos de Torres parece perfilarse una próxima reunión bilateral Canarias-Estado a cuyo frente estararía la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. Al menos, no hay que preocuparse desde el punto de vista sanitario, dado que los que llegan en patera son los únicos foráneos que visitan las Islas a los que se les hacen test PCR, único método 100% seguro para el control de la pandemia.

Respecto al cayuco de Adeje, fue detectado en la costa del sur de Tenerife pasadas las 7.10 horas de la mañana, justo antes de llegar a una de las playas situadas en el corazón del núcleo turístico más importante de la Isla. A bordo viajaban 30 varones, algunos de ellos jóvenes que pudieran ser menores de edad, si bien eso habrá que dilucidarlo con las pruebas forenses debidas. Estas personas proceden, según han comentado a los voluntarios que les han prestado la primera asistencia, de Guinea Conakry, Senegal y Mali, y, en general, presentan buen estado de salud. No obstante, los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario desplazados a la playa optaron por atender a tres de ellos, dos por deshidratación y un tercero por quemaduras, a cuenta de su prolongada exposición al sol.

Salvamento Marítimo tenía hasta ayer activas dos alertas de búsqueda de pateras al sur de Canarias, correspondientes a barquillas salidas de Djala el pasado fin de semana con 29 y 39 ocupantes, respectivamente, según las ONG, que recibieron los avisos de las familias. Por el momento, se desconoce si esta embarcación se corresponde con alguna de esas alertas.

Desde la oposición, Coalición Canaria exigió ayer al Gobierno central que cumpla con las exigencias en política migratoria, después de conocer, por escrito, que no existe ningún convenio entre el Ministerio del Interior y el Ejecutivo canario “durante los años 2019 y 2020 para la atención de los inmigrantes”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció el pasado miércoles durante su visita a Fuerteventura la previsión de un importante repunte en la llegada de pateras al Archipiélago, coincidiendo con los meses de calma en el mar. En cuanto a los más de 50 inmigrantes llegados el martes a Gran Canaria y trasladados a Tenerife, Pestana reconoció que así se procede en base a la optimización de recursos.

Desde luego, el delegado del Gobierno no esconde la gravedad de los hechos, a tal punto que admitió que Canarias lleva afrontando varios meses, y en particular en estas últimas semanas, un “incremento en la presión migratoria marítima” como demuestran los datos, que son “claramente irrefutables”. Por ello, entiende que hay que establecer una red estable de centros de acogida.