Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz, anuncia que presentará una moción en el próximo pleno municipal para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades de Sacyr y Emmasa, derivadas de la privatización del agua decidida por Coalición Canaria. El portavoz progresista apunta que “podríamos estar ante el mayor caso de corrupción legal e ilegal de la historia de Santa Cruz de Tenerife”. Trujillo afirma que los nuevos pagos detectados, presuntamente ilegales, de 28,2 millones de euros, “equivalen al precio de 380 viviendas y se suman a las irregularidades, por ejemplo, en materia de subcontratación e incumplimiento del compromiso inversor, que se suceden en la gestión del servicio privatizado del agua en Santa Cruz, que ha depredado los bolsillos de la ciudadanía y las arcas públicas”.
El portavoz de Unidas Podemos afirma que hay que revisar una ingente documentación que incluye auditorías, intervención temporal de la empresa, iniciativas sancionadoras que no llegaron a nada, evaluación de viejas y nuevas irregularidades, establecimiento de responsabilidades y, asimismo, determinar la posibilidad de recuperar la concesión y el dinero pagado a Sacyr, sin fundamento en los pliegos, ni en el contrato de externalización del servicio. “Se trata de detener la depredación de los bolsillos de la ciudadanía que ha impuesto la gestión de Coalición Canaria en materia de distribución del agua”.
Trujillo denuncia que Coalición Canaria “haya diseñado un sistema de explotación privatizada del agua que supondría la posibilidad de obtener 288 millones euros en beneficios, en 25 años, provenientes de los bolsillos de la ciudadanía de Santa Cruz”. “En el mejor de los casos -continúa- se trataría del mayor episodio de corrupción legal de la historia del municipio. Porque haber continuado con la gestión directa habría evitado extraer esos 288 millones de los bolsillos de la gente. Se trata de una cantidad con la que se podrían construir 3.600 viviendas”.
El equipo de gobierno ya ha anunciado que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para que proceda a anular el acuerdo que ha permitido a Sacyr cobrar esos 2,3 millones al año. La alcaldesa también apuntó que “en caso de que haya problemas con Sacyr recurriremos a la justicia mercantil para que se anule ese acuerdo”.
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