Gustavo Matos: “Este otoño empezaremos a conmemorar los 40 años del parlamentarismo en Canarias”

En la segunda etapa de Gustavo Matos (PSOE) como diputado autonómico, el actual presidente del Parlamento de Canarias ha colocado a esta institución, en apenas un año de la décima legislatura, a la vanguardia tecnológica de España y Europa. 

-Por fin, vacaciones…
“Bueno, nunca se está del todo de vacaciones en estas circunstancias. Estamos viviendo momentos extraordinarios y hay que permanecer atentos. El Parlamento no ha parado en el mes de agosto ni durante el confinamiento. Conseguimos articular las medidas necesarias, tanto tecnológicas como jurídicas, para que así fuese y hemos sido de los pocos parlamentos españoles que no han cesado su actividad”. 

-Gracias a una reforma exprés del Reglamento de la Cámara…
“Sí, este es un Parlamento distinto. Al ser nuestras circunscripciones insulares, casos como el del confinamiento conllevan la dificultad añadida de las restricciones de movilidad. Hay diputados que no pueden desplazarse desde sus islas. Eso nos condiciona mucho. La Cámara tiene que ejercer sus funciones legislativas y de control en un escenario complejo. La convalidación de decretos ley nos ha obligado a un esfuerzo importante”. 

-Esos recursos han llegado para quedarse, ¿no?
“Esa adaptación nos vino muy bien. De hecho, ya habíamos andado cierto camino en la modernización del Parlamento. La hemos acelerado”. 

-¿Qué palabras definen este primer año de la legislatura? 
“Antes de marzo, acercamiento de la institución a la ciudadanía y apertura. Después, adaptación y modernización”. 

-¿Aquel discurso del 25 de junio de 2019 ha revisado su vigencia al hilo de la actualidad?
“El discurso está totalmente en vigor: el refuerzo de los servicios públicos, que nadie quede atrás, que Canarias sea un territorio de convivencia, de igualdad de oportunidades…”.  

-En teoría, el presidente del Gobierno autonómico ya podría disolver el Parlamento y convocar elecciones…
“Lo prevé el Estatuto de Autonomía, por primera vez. Es una facultad que da el Legislativo al Ejecutivo, una herramienta curiosa. La utilizará cuando crea conveniente. Sobre el fondo de la motivación no me debo pronunciar. Creo que cuanto mayor estabilidad tengan las instituciones, mucho mejor. Más, ahora, en una situación inédita y de incertidumbre en la que lo que conviene es contribuir desde los diversos ámbitos a garantizar la estabilidad ante una terrible crisis social y económica”.  

-El runrún de una moción de censura suena a un juguete que entretiene con el ruido…
“Yo sería el último en enterarse. En los mentideros políticos hay de todo. Las mociones de censura no se anuncian ni se rumorean. Se presentan. No se encuentra entre mis atribuciones oficiales conceder carta de naturaleza a rumores”. 

-¿El Legislativo se ha sentido presionado, o condicionado, por el Ejecutivo?
“¿Presión? No lo permitiríamos. A cada poder le corresponde su papel. En lo que respecta a los decretos ley, lo que hay que hacer es cumplir con los plazos estatutarios: treinta días para su convalidación o rechazo”. 

-Al haber un plazo, ¿no compromete el calendario?
“Sabemos que eso puede pasar. Los grupos parlamentario lo asumen con normalidad. Convicción, diálogo y acuerdo”.  

-El 30 de mayo se firmó el pacto para la reactivación social y económica, que habrá de plasmarse en un plan con medidas concretas. Lo rubricaron cinco de los siete grupos, además de instituciones y diversas organizaciones. ¿Cómo va eso?
“No debo pronunciarme. Los acuerdos siempre son buenos, pero mi obligación es respetar las decisiones de los grupos parlamentarios. El presidente del Parlamento actuó en ese acto del Día de Canarias como un notario. Confío en que prevalezca el diálogo, aunque sea crítico”. 

-¿Cuál es la mayor preocupación a título personal?
“Me preocupan las señales que están enviando determinados elementos de la sociedad civil de ruptura de la convivencia, que tarda décadas en construirse y apenas unos minutos en triturarse. En España disfrutamos del periodo más largo de la historia democrática de convivencia pacífica. En Canarias, momentáneamente, estamos salvándonos de ese virus. Para mí, se trata del mayor peligro contra el modelo que nos hemos dado”. 

-¿Los responsables políticos están actuando en consonancia con el sentir de la sociedad en esta crisis del coronavirus?
“Yo diría que sí. En una situación para la que nadie estaba preparado, se han podido cometer errores y aciertos, pero entiendo que las instituciones han dado respuestas en tiempo real. Más allá de conflictos de partidos, se han situado al nivel del desafío. Y de una forma muy diferente a cómo se habían afrontado otras crisis. Hoy, nadie se sale del guion de que no caben soluciones a costa de las personas que menos tienen. ¿Quién discute a estas alturas la renta mínima vital? La llamaban despectivamente la paguita”.  

-Ese mensaje se ha transmitido desde la presidencia de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa, la Calre. Quedan unos meses de mandato…
“Como en todo, la crisis de la covid trastocó la planificación. Hemos seguido con ella en la medida de nuestras posibilidades. Fundamentalmente, en una cuestión en la que vamos a continuar trabajando junto al Comité de las Regiones: que los parlamentos europeos con capacidad de legislar estén más presentes en la toma de decisiones en la Unión Europea. Al final, son los encargados de trasladarlas a la ciudadanía de su territorio. En consecuencia, es lógico y conveniente que los parlamentos autonómicos, regionales, de la Unión Europea estén presentes en la fase previa. Tenemos un programa piloto que constituye un hito. Que Canarias  pueda aportar esa visión de región ultraperiférica y defender el papel coprotagonista de los parlamentos en el proceso de decisiones es importantísimo”. 

-En el ámbito español está la Coprepa, un foro en el que la presencia de la representación canaria ha sido muy activa…
“Hemos cedido el testigo a Extremadura y ahora ocupamos la vicepresidencia. Lo que también hemos hecho en este periodo es estar en contacto permanente con los presidentes del resto de parlamentos autonómico para analizar cómo iban afrontando los retos propios de la crisis del coronavirus”. 

-¿En qué momento se encuentra la elaboración de la ley electoral que proyecta el estatuto de 2018?
“Debe aprobarse en el plazo de los tres años que marca el Estatuto de Autonomía, que concluirá en octubre de 2021. Así nos lo hemos propuesto. Hay un acuerdo de calendario adoptado por la Mesa y la Junta de Portavoces. En septiembre empezaríamos con unas jornadas parlamentarias para recopilar opiniones de expertos, los grupos y agentes sociales sobre el sistema electoral que se aplicó el año pasado [el 26 de mayo] y si se cumplieron los objetivos. A partir de ahí convocaríamos los trabajos correspondientes en ponencia y comisión con la idea de concluir antes de que termine el primer periodo de sesiones de 2021”. 

-¿Habrá otra ronda de comparecencias de expertos?
“Eso ya se hizo y no vamos a repetirlo. El procedimiento será el de la tramitación de una ley”. 

-¿Qué ha supuesto en términos prácticos la aplicación del nuevo modelo?
“Que haya diez escaños más no ha afectado al funcionamiento. Que exista un grupo parlamentario más, sí; pero eso se deriva de una reforma del Reglamento [para que ASG se escindiera del Mixto]. El primer año de la legislatura lo hemos cerrado con un 20% más de iniciativas parlamentarias en comparación al mismo periodo de la anterior, a pesar de que la Cámara tuvo limitada su actividad dos meses [por el confinamiento]. El incremento es un dato positivo. La modificación del sistema electoral ha repercutido en que la ciudadanía y los territorios están mejor representados”. 

-En 2016 se activó la plataforma de participación de la ciudadanía en el procedimiento legislativo. ¿Ha sido un revulsivo?
“Está siendo poco utilizada, de momento. Quizá, por desconocimiento. Me gustaría destacar el esfuerzo por la modernización del Parlamento, que carecía de registro electrónico, expediente digital o algo parecido. Lo hemos logrado en un tiempo récord. La maquinaria la aceleramos con motivo de la pandemia. Será uno de nuestros legados. Precisamente, en esta legislatura, en 2022, se cumplirán cuarenta años del parlamentarismo en Canarias y queremos celebrarlo como merece la ocasión, poner en valor estas cuatro décadas. En el otoño de este año comenzaremos ya con las conmemoraciones de una fecha histórica de enorme trascendencia, con actividades culturales, ciclos de conferencias, publicaciones… Nos gustaría llevar el Parlamento, desde Tenerife, al resto de las islas. Y no me refiero a las reuniones de la Mesa, como las que se han realizado, ni a abrir oficinas o de convocar sesiones fuera de la sede, sino a acercarlo a la gente como la institución transparente y accesible que es”.