Santa Cruz dispone, en estos momentos, de suelo para la construcción de más de 500 viviendas públicas, parcelas que, en su mayoría, podrían ser edificadas casi de inmediato. Este el resultado del análisis que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha llevado a cabo del suelo urbano en el que el Gobierno de Canarias puede levantar el número de edificaciones que le corresponde a Santa Cruz dentro del Plan de Viviendas canario 2020-2025, recientemente aprobado.
El estudio se ha hecho en base a los recogido en el avance del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005, que entrará en vigor en cuanto la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias de cuenta de la anulación del PGO de 2013. Según ese análisis, en estos momentos, se garantiza la construcción de 564 viviendas. Se trata de suelo urbano no consolidado, que admite la categoría de residencial. La mayoría se encuentra en el distrito Suroeste, pero también hay parcelas localizadas en Ofra o en María Jiménez, donde ya se planea levantar 40 casas. El estudio ya ha sido enviado a Viviendas Municipales por Urbanismo, para que esta área pueda planificar a corto, medio y largo plazo, no solo las viviendas que se vayan a construir, sino también todo el equipamiento público que llevan aparejado.
Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, “con la caída del PGO de 2013, entra en vigor el avance de 2005, en el que vamos a tener opción de, en determinadas parcelas, levantar vivienda pública. En algunas habrá que hacer pequeñas modificaciones, como reparcelaciones, y en otras el suelo está 100% disponible para ejecutar vivienda, solo habría que presentar un proyecto, licitar y empezar la obra”. “Que entre en vigor un plan de 2005 no es una buena noticia, pero sí lo es que, a pesar de todo, hay suelo disponible, por lo que eso no va a ser un impedimento para que el Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias se ejecute en Santa Cruz”, añadió el edil.
Así, en el estudio realizado para conocer el suelo disponible para uso residencial dentro del Plan de Vivienda de Canarias, Urbanismo identifica hasta cinco localizaciones en las que se podrían levantar esas 564 viviendas de carácter público.
La mayoría de parcelas se ubican en el Distrito Suroeste, allí se encuentran tres de los espacios, concretamente en El Tablero, Barranco Grande y Santa María del Mar. En el primer punto, ubicado entre las calles Castaño y Petunia, el número de viviendas estimadas es de 61. Se trata de dos parcelas de uso residencial, en las que también tendrían cabida las viviendas protegidas. En el segundo, en la calle La Monja, serían 92 casas las que cabrían en otras dos parcelas. En este caso, hay suelo catalogado para uso residencial y suelo para uso viario. En el tercer punto, una parcela delimitada por las calles Punta de Anaga, Punta de Teno, El Siroco y El Simun, en Los Alisios-Santa María del Mar, cabrían hasta 210 casas.
En el Distrito Ofra-Costa Sur, entre la avenida de Los Príncipes y la calle Corazón de María, se localizan tres solares, en los que, a priori, podrían levantarse 162 viviendas, siempre que Servicios Públicos no ejecutara en este espacio un intercambiador de guaguas, en cuyo caso, el número descendería hasta las 62. La última de las ubicaciones, en el Distrito Anaga, en María Jiménez, es el único suelo urbano consolidado, por lo que se puede construir en él de inmediato, y de hecho, es el proyecto más próximo a realizarse, con 40 viviendas públicas.
Las 44 casas de El Tablero serán las primeras públicas en más de 15 años
Santa Cruz lleva sin construir vivienda pública más de 15 años. El primer proyecto de este tipo que se ha puesto en marcha son las 44 casas que se están levantando en El Tablero y que estarán disponibles el verano del próximo año. Esta es la avanzadilla para la construcción de otras 40 en María Jiménez y más de 200 en Cuevas Blancas, la redacción de cuyos proyectos saldrá a licitación en breve.
Estas construcciones junto al suelo que el Gobierno de Canarias podrá disponer en Santa Cruz, harán que el compromiso Plenario, al que se llegó por unanimidad, de construir unas 500 viviendas públicas en este mandato, o, al menos, tener iniciados los trámites de su construcción, sea ahora más factible que nunca. También es cierto que la actual situación de crisis puede suponer un retraso en materia inversora, dado que la reducción de ingreso es igual de acuciante para las entidades locales que para el Gobierno de Canarias.
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