El Congreso deja sin efecto el decreto ley sobre los remanentes municipales

Europa Press / Diario de Avisos

El pleno del Congreso rechazó ayer convalidar el real decreto ley del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión a la Administración General del Estado de los remanentes de las corporaciones locales y que ha quedado, por lo tanto, derogado.

En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes, los que suman los dos partidos que integran el Gobierno, y el del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, que votó telemáticamente a última hora del miércoles pensando que el texto saldría adelante al aceptar la mayoría de grupos la propuesta que les hicieron llegar desde Hacienda durante la tarde.

El ministerio de María Jesús Montero alcanzó apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que permitió el apoyo de los morados y sus confluencias. Consistía en la creación de un fondo no condicionado de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población. Sin embargo, las formaciones que componen el Ejecutivo no lograron sumar a ningún otro grupo. Se trata de la primera vez que la coalición pierde la votación sobre la convalidación de un real decreto ley. De hecho, el único voto positivo ajeno ha sido el de Guitarte, que votó convencido de que había un acuerdo que finalmente no fraguó. Optó por el sí al comunicársele que había un pacto para liberar el 60% del fondo prometido y repartir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tuviera o no superávit, y evitando así la controvertida cesión. Fuentes próximas al diputado han informado a Europa Press de que, de haber estado este jueves en el hemiciclo, Guitarte hubiera optado por la abstención. Desde Unidas Podemos, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello emplazó al Gobierno a seguir negociando sobre la base del acuerdo alcanzado con su formación y también el resto de grupos urgió a Hacienda ha presentar un nuevo decreto ley para solucionar la situación de los ayuntamientos.

Tras negar que la derogación suponga un “desgaste”, la ministra de Hacienda quiso dejar claro que es la oposición la que tiene ahora la “responsabilidad” de presentar una alternativa al decreto decaído, con lo que insinuaba que no habrá otro.

Este es el segundo decreto ley que le echan atrás a Pedro Sánchez, la primera derrota en esta legislatura. Es la quinta vez en 40 años. Veinte meses antes, el 22 de enero de 2019, se convirtió en papel mojado uno sobre la regulación de los alquileres. Entonces, fuera del banco azul, se opuso Unidas Podemos. En febrero de ese año, la misma suerte corrió el proyecto de ley de los Presupuestos. Fue el detonante del adelanto electoral.

El presidente del PP, Pablo Casado, considera que el rechazo del decreto ley evidencia la “debilidad” del bipartito y su “incompetencia” para llegar a consensos. En una declaración sin preguntas, celebró como “una victoria del municipalismo” el no de la Cámara Baja a la “confiscación de los ahorros de los ayuntamientos para cubrir el boquete en la recaudación” y la “mala gestión” derivada de la pandemia de la COVID-19.

Déficit público

Precisamente, el impacto de las medidas adoptadas para paliar la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas al 6,1% del PIB hasta el mes de junio, mientras que el déficit del Estado escala al 5,4% del PIB hasta julio. En los siete primeros meses del año, el déficit se situó en 60.413 millones, lo que equivale al 5,4% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se queda en el 4,2%.

El Ministerio de Hacienda atribuye el déficit del Estado hasta julio a una caída de los ingresos del 15,8%, hasta los 95.716 millones de euros, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Por el contrario, se produce un incremento del gasto del 21,4% (156.129 millones de euros) por el aumento de los programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y las comunidades autónomas.