Dicen que el canario es de natural respetuoso y cordial, pero todo tiene un límite, y ayer se superó el de los principales responsables del Gobierno de Canarias con la inesperada suspensión de la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, a quien se le esperaba mañana en las Islas un año después de que el blindaje del Estrecho desviase hacia Canarias la marea humanitaria que huye en patera de la miseria y la violencia existente en sus países.
Habrán surgido “razones poderosas” en la agenda ministerial, ironizaba ayer el presidente regional, Ángel Víctor Torres, al que el enfado se le notaba de lejos y quien, desde luego, aclaró que, por muchas dificultades que hubieran surgido en la agenda de Escrivá, su espantada ha generado en el seno del Gobierno isleño un “profundo malestar”.
No es de extrañar, habida cuenta que el ministro en cuestión ha esperado a que la llegada de pateras a las Islas se haya multiplicado por seis (y, por ende, las muertes y el sufrimiento asociado a esta catástrofe humanitaria) para dignarse a venir en persona a observar, sin ir más lejos, cómo centenares de seres humanos malviven en carpas improvisadas en puertos de Gran Canaria y Lanzarote por la dejación de competencias del Ejecutivo estatal, a quien corresponde estas responsabilidades.
Así que no es de extrañar el puñetazo en la mesa de Torres, que cuenta en este asunto con un respaldo absoluto de sus socios de gobierno a la hora de exigir a Madrid que cumpla con sus obligaciones, que pasan, sin ir más lejos, por habilitar sus recursos en Canarias para acabar con el desbordamiento actual del sistema de acogida isleño, incapaz por sí solo de hacer frente a la llegada de un centenar de emigrantes al día, como empieza a resultar habitual por estos lares.
Por todo ello, se le acabó la paciencia a Torres y a su Gobierno. Tras enterarse de que Escrivá no venía, al de Arucas no le tembló el pulso a la hora de puentear al ausente ministro y ponerse en contacto de inmediato con la vicepresidenta primera del Ejecutivo estatal, Carmen Calvo, para trasladarle la necesidad de que se arbitren herramientas de respuesta a los problemas surgidos por la continua llegada de inmigrantes que tiene distintos “vectores”, como la necesidad de que se habiliten centros adecuados para alojarlos, la vigilancia y asistencia, así como su repatriación y tránsito.
El Gobierno de Canarias, detalló Torres a Calvo, quiere una respuesta integral “en un espacio de tiempo muy corto”, al entender que la solución de alojar a los inmigrantes en complejos turísticos debe ser una “excepción”. En concreto, el Gobierno de Canarias exige al de Sánchez que habilite espacios militares, centros de internamiento de extranjeros y otras infraestructuras del Estado para acoger a quienes llegan en patera, porque, no hay que olvidarlo, “la situación es desesperante”, “un drama”.
Preguntado en el transcurso de una entrevista concedida a Canarias Radio por la saturación que está sufriendo la red de acogida de las Islas en una dinámica tan exigente que el pasado domingo forzó que 332 personas pernoctaran en el muelle de Arguineguín a la espera de otro recurso, el presidente de la comunidad autónoma ha subrayado que tanto su Gobierno, como los cabildos, como “algunos ayuntamientos” han cedido espacios para la acogida de quienes llegan sin tener competencias en el asunto, y ha invitado al resto de consistorios a que colaboren.
En este sentido, Ángel Víctor Torres ha dicho que comprende la decisión de habilitar en estas circunstancias un complejo turístico de Maspalomas (Gran Canaria) sin uso, por la crisis que sufre el sector debido al coronavirus, para realojar a más de 200 inmigrantes, pero insistió en que se trata de una solución “transitoria”.
“Se han habilitado espacios alojativos, aunque este no es su fin, porque son lugares para huéspedes, pero se ha hecho como medida transitoria y por un tiempo limitado. Creo que tienen que abrirse los espacios militares, los CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros] e infraestructuras del Gobierno central. Es un drama importante”, recalcó.
Además, Torres ha explicado que no solo ha pedido al Ministerio del Interior que se refuerce la vigilancia de las costas de Canarias, sino también que “camine el tránsito de estas personas, como ocurrió en el pasado”; es decir, que parte de los inmigrantes sean trasladados a otros centros de la Península.
A este respecto, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los que llegaron en patera a Canarias no tienen como objetivo residir en las Islas, sino que se trata solamente de una escala rumbo a su destino final, que en todo caso es el continente europeo y, preferentemente, Francia.
En la misma línea se postuló ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el vicepresidente canario, Román Rodríguez, quien recordó que la competencia es estatal, a pesar de lo cual, “de los 29 espacios de acogida actuales, 27 son del Gobierno regional y los otros dos de corporaciones locales”.
Para Rodríguez, el Estado debe actuar en cuatro frentes: “Hay que trabajar en los países de origen, mejorar los sistemas de vigilancia en la llegada de las pateras, facilitar medios para la acogida y facilitar el tránsito de estas personas. No es de recibo que Madrid siga sin reaccionar, porque no es la primera vez que pasa”, en alusión a la hecatombe humanitaria de 2006-2008, cuando en solo un año llegaron a las Islas por esta vía más de 35.000 personas, un drama que impactó a toda Europa.
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