Desde el pasado 27 de julio, y hasta principios de este mes de septiembre, las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) que se han contabilizado por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ascienden a 9.864, con una inversión total cercana al millón de euros (986.798,24 euros).
Este es uno de los datos que la concejal de Acción Social, Rosario González, también presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), desglosó durante la Comisión de Control que tuvo lugar el jueves, en el marco de una comparecencia para dar cuentas sobre la declaración de emergencia social anunciada por el alcalde el pasado 27 de julio.
Tras el cambio de gobierno y el regreso de José Manuel Bermúdez a la Alcaldía -el día 15 de julio-, la primera gestión que se llevó a cabo fue una reunión con las entidades del tercer sector, que viven en primera persona los efectos colaterales de la COVID-19, informaron desde el Ayuntamiento. Apenas 10 días después, la presente Corporación local declaró la necesaria emergencia social con el fin de agilizar la toma de decisiones y poder disponer de recursos, casi de manera inmediata, para atender a la población más vulnerable y hacer llegar las ayudas y subvenciones a las entidades y asociaciones.
El estado de alarma decretado se extendió hasta el día 21 de junio, si bien en ese momento las personas del municipio en exclusión social o en riesgo de estarlo necesitaban una respuesta urgente por parte de la administración, por el que el alcalde utilizó la herramienta de la emergencia social para amortiguar la situación de las familias más vulnerables, explicaron desde el Ayuntamiento.
Entre las medidas, además de la concesión de PEAS, cuatro días después de la declaración, el IMAS firmó un contrato para adecuar el Centro Municipal de Acogida a las medidas de seguridad por la COVID-19. La posición del organismo autónomo, que permite seguir sirviendo de soporte para los más de 250 usuarios diarios del recurso, afecta a los recorridos de circulación, limitaciones de aforo de los locales, distancias mínimas interpersonales y el uso obligatorio de mascarillas.
Además, una semana más tarde, el 7 de agosto, el IMAS resolvió el contrato por el cual las escuelas infantiles municipales Tara y Faina -en Añaza y Ofra, respectivamente- se someterían a unas obras de remodelación atendiendo a los protocolos de la Consejería de Educación.
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