Convivencia

El Gobierno ha reconocido en sede parlamentaria que vetó la presencia del rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, como ha hecho siempre la Corona en los últimos veinte años. Es un acto que se celebra en Barcelona, porque la Escuela Judicial tiene una sede en Madrid y otra en Barcelona, como una concesión más al nacionalismo catalán, y la presencia real es obligada, entre otros motivos, porque la Justicia se administra en su nombre. El veto al rey fue una imposición del independentismo catalán, por supuesto: todos los gobiernos han cortejado al catalanismo, pero Pedro Sánchez está superando incluso a Zapatero en el sometimiento a ese independentismo, mientras Podemos, Iglesias y sus ministros le hacen el trabajo sucio, y no solo cometen el contrasentido absurdo de propugnar la voladura de la Monarquía desde el Gobierno y las instituciones, sino que atacan, insultan y ofenden al rey y a la Corona, mientras el presidente –y la presidenta del Congreso, que lo permite en los Plenos- miran para otro lado.
En su justificación –fraudulenta- de lo sucedido, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha atribuido el veto a dos circunstancias: la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Torra (que, por unanimidad, ha confirmado la inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior catalán), y la cercanía en el tiempo de la conmemoración por el independentismo del referéndum ilegal del 1-0. Dos razones que, a juicio del Gobierno, desaconsejaban la presencia del rey en Cataluña. El ministro ha argumentado que se solicitó al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que el acto se aplazara, pero él presidente entendió que no procedía. Y ha negado que el fondo del asunto haya sido la seguridad del Monarca: “El Gobierno tiene la obligación de velar no solo por la seguridad, sino por la mejor convivencia entre los ciudadanos en una situación de convivencia compleja”, ha puntualizado.
Como era de esperar, Campo ha rechazado que exista un enfrentamiento entre el Gobierno y la Casa Real, y ha asegurado que en todo este episodio ha imperado la “normalidad institucional”. Afirmó que la ausencia del rey en Barcelona fue una decisión colegiada entre el Gobierno y la Casa Real, porque así se toman las decisiones sobre la presencia del rey en cualquier acto. Y aprovechó lo sucedido para atribuirlo a la “descomposición” del Consejo General del Poder Judicial, que hace años debía haber sido renovado y no lo ha sido, a su juicio, claro, por la negativa de Partido Popular. Sobre el malestar del rey con esta decisión del Gobierno, un malestar que se deduce de su llamada a Lesmes, en la que le transmitió que le “habría gustado” asistir al acto, el ministro argumentó desconocer esta conversación, pero que, en todo caso, se quedaba con la aclaración de La Zarzuela, en la que se atribuye la llamada a una cortesía y un mero formalismo. Lo que el ministro de Justicia oculta es que esa aclaración se obtuvo después de una agresiva llamada de La Moncloa.
Este Gobierno reconoce que protege y prioriza la convivencia entre la Constitución y la ilegalidad, entre la democracia y la violencia, y que sacrifica las instituciones a esa convivencia, incluyendo a la Jefatura del Estado. Por desgracia, este Gobierno reconoce que no es democrático.