en la frontera

El artículo 24 de la Constitución

El artículo 24. 1 de la Constitución española es, probablemente, uno de los preceptos que más incidencia ha tenido y está teniendo en la transformación del Derecho Administrativo. Esto es así porque un Derecho Administrativo montado sobre la autotutela necesariamente choca, y a veces frontalmente, con una disposición que reza: “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Los términos del artículo son bien claros y requieren de la revisión de algunos dogmas del Derecho Administrativo en cuya virtud se confiere a la propia Administración pública la condición simultánea de juez y parte. Ahora, la tutela más importante está radicada en los jueces y tribunales y, por otra parte, la prohibición de la indefensión nos plantea no pocos problemas con interpretaciones unilaterales de la ejecutividad y ejecutoriedad administrativa. De ahí, por ejemplo, el impacto que ha tenido este precepto en la construcción de una justicia cautelar que sitúe en un contexto de equilibrio estos principios.

En efecto, seguir interpretando estos poderes de las Administraciones públicas de forma estática y absoluta hace imposible el despliegue de los valores y principios constitucionales. Por eso, el poder público solo tiene sentido constitucional si sirve objetivamente al interés general. Si se usa para el control social, para laminar, dominar o excluir, tal y como en la situación de pandemia experimentamos a diario, es un poder autoritario, propio de regímenes alejados de la democracia y de las libertades. Y me temo que hoy transitamos por estos espacios en los que a un lado y al otro la deriva totalitaria está a la orden del día. Por eso, que importante es ver a muchos ciudadanos ejerciendo todos los días sus derechos y libertades. Es el mejor antídoto contra la opresión y la tiranía.

Una de las principales características de la política que tanto añoramos es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de la gente. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en eternas diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder.

Hoy reclamamos a los actores políticos y sociales la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos, no solo a una parte por importante o relevante que esta sea. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en el ambiente de crispación impuesto desde la cúpula, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos parciales. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, sin sectarismos en el diseño e implementación de las políticas.

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