Economía

El Gobierno autoriza a Canarias a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo

País Vasco, Cataluña y Baleares son las otras comunidades que podrán hacerlo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecen en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes autorizar a País Vasco, Baleares y Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, y a Cataluña a acometer operaciones a corto plazo. Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas cuatro autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de Cataluña, se autoriza un importe máximo de 239,2 millones de euros para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender los vencimientos de líneas de crédito y de factoring de entidades del sector Administraciones Públicas de Cataluña de octubre a diciembre de 2020.

Asimismo, el Consejo de Ministros además ha dado el visto bueno para que País Vasco formalice préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un máximo de 1.397,7 millones de euros.

En el caso de Baleares, se autoriza para que esta comunidad pueda formalizar préstamos a largo plazo por un máximo de 874 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad ampliar el importe autorizado el pasado 24 de marzo destinado a refinanciar préstamos de su cartera de deuda, con la finalidad de cancelar la deuda suscrita con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Por último, el Gobierno ha autorizado que Canarias pueda acometer operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros, con los que pretende reestructurar préstamos formalizados entre 2013 y 2018, con cargo a los distintos compartimentos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el fin de generar ahorros financieros.