VISIONES ATLÁNTICAS

Planificación imposible

La actual crisis múltiple pone de relieve las deficiencias del sistema de planeamiento español. Cuya primera debilidad reside en su concepción, heredada de las economías planificadas de la posguerra europea, que simulaban realidades que proyectaban al futuro, con marco normativo y detalle. Piensan que la realidad se mejora a base de inflación normativa externa, en […]

La actual crisis múltiple pone de relieve las deficiencias del sistema de planeamiento español. Cuya primera debilidad reside en su concepción, heredada de las economías planificadas de la posguerra europea, que simulaban realidades que proyectaban al futuro, con marco normativo y detalle. Piensan que la realidad se mejora a base de inflación normativa externa, en lugar de internalizar procesos. Degrada el sistema la carencia de una estrategia política con fines y soporte económico sólido, reduciendo el plan a fijar marcos normativos.

El salto cualitativo se produce en 2010 con la aprobación de la Bolkestein europea que amplía la crisis. Donde Europa debe alinearse con la economía globalizada, apostar por la mecánica del “acto comunicado con declaración responsable”, en el cual la responsabilidad es del empresario y sus técnicos. Las autonomías se rebelan queriendo mantener estatus contra ley, neutralizando de facto las leyes de “garantía de unidad de mercado” y de “libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio”, funcionando como 17 naciones.

Se celebró en Tenerife una reunión con Cámara de Comercio de España y Ministerio de Política Territorial y Función Pública con empresas locales, para recoger su experiencia, reducir cargas y mejorar regulación. Con el triple objetivo de identificar modificaciones normativas, actualizar procedimientos y aplicaciones informáticas. Decía el Ministerio que es preciso “hacer real lo legal”, por cuanto la realidad se ha escapado del marco legal básico y la administración digital no llega, sobre todo al ámbito municipal.

De forma mayoritaria, los operadores locales identificaron las “autorizaciones territoriales y urbanísticas” como el primer gran obstáculo y, ligado a ello, las tramitaciones de “evaluación ambiental”, con sus derivas imposibles de plazos y costes. La ineficiencia de procedimientos donde cada bucle no sustancial obliga a “retroceder a la casilla de salida”. La crisis ha ido eternizando procedimientos y plazos, al contar con una deficiente transformación digital, carencia de seguridad jurídica y mala respuesta de los funcionarios. Lo primordial ahora es recuperar en Madrid el “silencio positivo” para las licencias de los proyectos de edificación y obras, recuperar el “recurso de reposición” perdido en la aprobación definitiva de los planes generales municipales y potenciar la ampliación de la Bolkestein, allí y aquí.

La nueva Ley de Contratos del Estado 9/2017 del mandato Rajoy, bajo la apariencia de simplificar trámites y reducir burocracia, abordó la ley para “luchar contra el fraude, la corrupción y promover participación y transparencia”, dando lugar a una ley mucho más lenta y burocrática, donde penaliza el trámite y al emprendedor, tanto más cuanto más pequeño. Análogo fenómeno desde Canarias, con las leyes en curso de “cambio climático”, “biodiversidad y patrimonio natural” y “economía circular”, en la línea referida de inflación normativa.

Regresión que nos conduce hacia las tesis del “crecimiento cero”, ya ha apuntado en el informe Los Límites del Crecimiento (1972) del Club de Roma, calificado como “neomaltusiano”, dentro de la corriente de “ecología política”, que invade la transición ecológica, mientras el mundo precisa “gobernar su incertidumbre” desde un desarrollo sostenible y científico, que junto a economía, sociedad y medioambiente, incorporó la cultura en la Declaración de París de la Organización Mundial de Ciudades en 2004. Que debe ejercerse con creatividad, conocimiento, diversidad y belleza, necesarios para promover el crecimiento en las sociedades abiertas y de conocimiento. Ni siquiera el “crecimiento cero” debe llevarnos al bloqueo de la “administración cero”, con legalidades múltiples y contradictorios. La ley al servicio del ciudadano.