Tribuna

Presupuestos de país

En el inicio del debate presupuestario se presenta de nuevo el concepto de la incompatibilidad y el de la autoexclusión. Yo creo que vienen a significar la misma cosa. El que se autoexcluye es porque se ha tropezado con una incompatibilidad manifiesta, y el que se muestra incompatible argumenta que esa incompatibilidad es la que […]

En el inicio del debate presupuestario se presenta de nuevo el concepto de la incompatibilidad y el de la autoexclusión. Yo creo que vienen a significar la misma cosa. El que se autoexcluye es porque se ha tropezado con una incompatibilidad manifiesta, y el que se muestra incompatible argumenta que esa incompatibilidad es la que le impele a excluirse. Estas tensiones actúan de forma cruzada salvo en el caso del árbitro, que pretende aglutinar al mayor número de apoyos a su proyecto y no es incompatible con nadie. Parece que estamos ante el famoso contrato de los hermanos Marx, pero es cierto y no lo puedo explicar de otra manera, sino con la parte contratante de la primera parte. El argumento que hace de cemento para la negociación es que son unos presupuestos de país. ¿Qué significa esto? Aquí se mezclan conceptos que aparentemente quieren decir lo mismo, pero las palabras son elegidas por su auténtico contenido. Por ejemplo, una política de Estado recomienda hacer unos presupuestos de país para salvar a la Nación. ¿Qué son estas tres cosas para que obliguen a su diferenciación? A nadie se le ocurriría pensar que una política de Estado se base en el troceo de los apoyos territoriales para sacar adelante el proyecto. Quiero decir que no parece existir la defensa de un interés nacional cuando lo que se negocia son beneficios locales en función de la situación estratégica de los grupos que van a prestar su voto afirmativo en el Congreso. Más aún cuando lo que interviene no son asuntos exclusivamente económicos sino otros de carácter penitenciario o lingüístico, que tienen más que ver con la soberanía territorial.
Sin duda existen incompatibilidades entre Ciudadanos y ERC. Ambos grupos representaron, en las últimas elecciones catalanas, dos formas opuestas de concebir la región. Uno de ellos dentro del marco constitucional del Estado y el otro con una clara propuesta de ruptura. El mismo planteamiento vale para Bildu en la comunidad vasca. Bildu es un partido antisistema, que pretende romper el marco constitucional, y así lo ha declarado en sus continuas manifestaciones en la Cámara. La incompatibilidad está en el respeto a la legalidad que define al Estado, pero el problema consiste en que buscar el apoyo pleno en ese ámbito es incompatible con el llamado pacto de investidura, con lo cual los presupuestos obedecen a ese acuerdo, por encima de cualquier otra cosa, y entonces dejan de ser de país, de Estado o de Nación y se convierten en un asunto exclusivamente de Gobierno. La Nación es el conjunto de los ciudadanos, el país es el ámbito territorial en el que residen, y el Estado son las normas fundamentales para su funcionamiento y los poderes encargados de desarrollarlas y aplicarlas: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el caso que nos ocupa, el interés está concentrado en la defensa de uno de ellos. Ese es el origen de todas las incompatibilidades. Por eso la señora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno los llama presupuestos de país, construyendo un híbrido que significa todo lo contrario de lo que es una herramienta de integración. No sé lo que ocurrirá durante la tramitación del documento, ni a qué transacciones se llegará. Lo que se vislumbra en los inicios de la discusión es que, por más que se intente que sean de país, las tensiones entre las partes nos llevan a concluir que se trata de unos presupuestos de bloques, porque es el frentismo el que se impone. El mismo que llevó a la investidura y que sitúa a las ideologías por encima de los intereses de Estado. No culpo a nadie. Todos son responsables, en mayor o menor medida, a pesar de que se juegue al buenismo y a la generosidad, por parte de quien concede algo que previamente prohibió, como es el caso de la bajada del IVA de las mascarillas.