tribuna

Reconstrucción y gestión eficiente

La gravedad de la actual crisis sanitaria, económica y social ha obligado a un cambio sustancial en las respuestas para tratar de recuperar la economía, salvar empresas y autónomos, fortalecer los servicios públicos, proteger a los trabajadores y trabajadoras, así como a las personas en riesgo de pobreza y exclusión

La gravedad de la actual crisis sanitaria, económica y social ha obligado a un cambio sustancial en las respuestas para tratar de recuperar la economía, salvar empresas y autónomos, fortalecer los servicios públicos, proteger a los trabajadores y trabajadoras, así como a las personas en riesgo de pobreza y exclusión. En Europa, en el Estado español y en Canarias se están implementando políticas expansivas, anticíclicas. Recurriendo al endeudamiento para mantener la protección social y dar aliento desde el sector público a una economía privada en buena parte devastada por la pandemia.

En esta ocasión se ha producido una intervención muy distinta a la de la crisis de 2009, la de los recortes que tanto daño hicieron a los servicios públicos, que perdieron recursos económicos y efectivos humanos; a las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas; a los hombres y mujeres que quedaron sin empleo, sin hogar, sin esperanza. Las decisiones actuales son más adecuadas y justas, y pretenden mantener el estado social, potenciando la sanidad y la educación, combatiendo la pobreza, así como orientando el modelo económico hacia la sostenibilidad.

La suspensión de las reglas fiscales, el endeudamiento y las políticas monetarias han sido claves para poder afrontar decididamente estas circunstancias. Sin ese cambio no habría recursos para afrontar la ingente tarea de reconstrucción social y económica que tenemos por delante. Las consecuencias de la pandemia han supuesto en pocos meses brutales caídas del PIB, cierre de empresas, paralización de sectores económicos, pérdidas masivas de empleos, pérdida de ingresos fiscales, aumento de la pobreza… Se precisa de una enorme movilización económica para recuperar los niveles de riqueza y de bienestar de 2019. El Fondo de Reconstrucción europeo supondrá para el Estado español 140.000 millones de euros, de los que 72.000 son ayudas a fondo perdido, financiadas mediante endeudamiento mancomunado de la Unión. Un fondo que posibilitará impulsar la economía desde la digitalización y la sostenibilidad y crear empleo.

En la misma línea se inscribe un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 claramente expansivos y progresistas. Con un planteamiento global dirigido a afrontar la recuperación económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras; que apuestan por los servicios públicos -educación, sanidad, dependencia-, por la implementación del Ingreso Mínimo Vital y por el mantenimiento de las pensiones. Claramente comprometidos, además, con la transición ecológica. A esa acciones europea y española se suman unas cuentas públicas canarias expansivas y prudentes dirigidas a reforzar los servicios públicos, así como apoyar a los sectores productivos y la inversión para reactivar la economía y el empleo. Con casi 8.500 millones de euros a los que se añadirán recursos extraordinarios de los PGE, de los programas del REF no conveniados y del Fondo europeo de Reconstrucción. El Plan Reactiva Canarias es el instrumento para superar esta grave crisis. Cuenta con un enorme consenso social e institucional. Se alimentará de recursos procedentes de los presupuestos europeos, del Fondo de Recuperación de la Unión, de los PGE y de las cuentas públicas canarias.

Las prioridades estratégicas de Reactiva Canarias se encuentran claramente definidas. Mantenimiento de los servicios públicos. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias, dimensionándolas adecuadamente. Atención y apoyo a las personas vulnerables en una comunidad que ya presentaba elevados niveles de pobreza y de exclusión social antes de la actual crisis. Recuperación del empleo. Impulso de la actividad económica. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa, para lo que se precisarán cambios legislativos en el ámbito estatal, entre otras en la ley de contratos. E impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.

Su mayor o menor éxito será determinante para definir cómo lograremos superar esta grave crisis, reactivando la economía y generando empleo. De los ritmos y de la calidad de esa recuperación, de su proyección de futuro en la progresiva edificación de un modelo económico más verde, más centrado en las personas y con mayor cohesión social, territorial y de género. Se trata, en primer lugar, de tratar de salvar lo que tenemos, que no es poco, y que no debemos permitir que desaparezca. Lo que afecta a centenares de empresas, a decenas de miles de hombres y mujeres en Canarias. Colaborando con el tejido empresarial viable que está siendo profundamente dañado por la crisis. En el turismo, en el comercio, en el transporte, en el sector primario o en el cada vez más relevante sector de la cultura. Mediante préstamos, avales y, de manera especial, dando continuidad a los ERTE.

Las administraciones públicas deben jugar un papel proactivo. Coordinándose y trabajando conjuntamente. Evitando duplicidades. Actuando cada una en su ámbito competencial. Operando con agilidad y superando inercias burocráticas paralizantes. Apostando por la productividad y la eficiencia. Gastando bien los recursos y evitando generar insostenibles endeudamientos a las futuras generaciones. Estableciendo reglas claras para la selección de los proyectos, así como para su posterior seguimiento y evaluación. Eligiendo aquellos que se muestren capaces de impactar más en la economía y en el empleo, así como de profundizar en una economía comprometida en el plano medioambiental, en la lucha contra la crisis climática. El campo de actuación de los proyectos es muy amplio. La rehabilitación de edificios públicos y privados para mejorar su eficiencia energética. El impulso a la transición energética desplegando todas las posibilidades de las energías renovables que tienen las Islas, reduciendo la contaminación y la dependencia externa. Actuaciones dirigidas a acabar con el grave problema, medioambiental y sanitario, de la emisión a nuestras costas de aguas sin depurar. El apoyo a la movilidad sostenible, facilitando las redes de recarga de los coches eléctricos, pero, sobre todo, apostando por un transporte público no contaminante, cómodo y eficiente. La renovación de zonas turísticas, la digitalización del sector y su orientación hacia la sostenibilidad. El avance cualitativo en la industria audiovisual. La modernización de la administración pública para hacerla más eficiente, más capaz de dar respuestas a las exigencias ciudadanas. Impulso a la educación, especialmente a la de 0-3 años y a la Formación Profesional. Atención a las políticas de cuidados a las personas mayores, así como a las dependientes y más vulnerables.

Se abre un período decisivo que debe estar presidido por el rigor de las propuestas y su capacidad de impactar positivamente en la economía y en el empleo a corto, medio y largo plazo. Es preciso para ello dotarse de instrumentos seleccionadores cualificados y ágiles que permitan disponer, en un tiempo razonable, de los proyectos públicos y privados con capacidad para acogerse a unos planes europeos y estatales dotados de financiación más que suficiente, y que han de atenuar las consecuencias sociales de la actual crisis y de proyectarse en el futuro con un salto cualitativo de nuestra economía en modernización, digitalización y apuesta por un modelo sostenible y autocentrado.

Para que estos objetivos tengan posibilidades de ser factibles se requieren dos condiciones: determinación y liderazgo institucional, por un lado, y cambios legislativos. En los procesos de contratación y, asimismo, en las facilidades para incorporar personal cualificado a la función pública tras años de descapitalización y envejecimiento de las plantillas. Unos cambios imprescindibles para los que hace falta altura de miras y vocación de consenso o corremos el riesgo de que pase ante nosotros una oportunidad realmente histórica. Porque esta vez habrá recursos, pero sin cambios normativos y efectivos humanos las opciones de que no puedan aprovecharse son muy altas. Y no podemos permitirnos semejante fracaso.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias

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