Regreso al pasado

La historia de España está sacudida por el viejo problema del reparto del poder ligado a la unidad nacional, que se amplía en las crisis, donde resurgen ligado a las ideologías y a la ocupación efectiva de las instituciones del estado. Los ejemplos en la historia, desde las taifas en la Reconquista, con el Califato de Córdoba (1031), las segundas taifas (1144-1170), que unificaron los almorávides, y las terceras, con los almohades, desde 1212 a la conquista de Granada en 1492. El movimiento medievalista que se produce con los Comuneros de Castilla al inicio del reinado de Carlos I, en 1520. La Guerra de Sucesión borbónica de Felipe V (1701-15) que puso fin al modelo federalizante de los Austrias. Se trasladó a las III Guerras Carlistas 1833-40, 46-49, 72-76, que defendían sus fueros. Pulsión que heredó la revolución cantonalista de la I República (1873-74). Resurgió con la II República y sus estatutos catalán, vasco y gallego y su Constitución del 31, que, al igual que los Pactos del Tinell, dejando a las derechas fuera del gobierno. La Constitución del 78 no resolvió la cuestión nacional, enviándola al futuro que es hoy.

El viaje de regreso al pasado se ve acompañado por la mayor crisis sanitaria, económica y social conocida. Donde el poder es ocupado por un PSOE girado a las izquierdas, como Largo Caballero en la Revolución de Octubre del 34 y guerra civil, con el comunismo y los nacionalismos catalanes y vasco y hoy por su escisión de ETA, blanqueada en Bildu, “Dios y ley Vieja” en la fundación del PNV, donde se reparten “el árbol y las nueces”. Para ello es obligado ocupar el poder, aún a costa de la estabilidad económica y del estado de derecho, que nos exige Europa. Invaden poder judicial, empresa, escuela, sanidad, familia, CIS, CNI, CNMV, CNMC, televisión pública y medios afines.

De manera singular la escuela, que se politiza desmontando la Constitución del 78 y su desarrollo legislativo. Es posible generar legalidades dobles, sin que en apariencia se contradigan, deslizándonos hacia el “crack institucional”. En la escuela, que suspende el PISA, se politiza el español, que en las autonomías con idioma cooficial, deja de ser vehicular en la enseñanza. Con ello, se acaba con la movilidad de los cuerpos docentes estatales y por extensión de los cuerpos de justicia y sanidad, segmentando la nación. Los recortes de libertades de despliegan para excluir la “educación concertada”, el 28% de la oferta y la “educación especial”.

Exclusión que opera a través de romper los criterios de elección de centro, negación del ideario escolar, reducción de la movilidad alterando el distrito, no extensión del concierto al nivel de 0-3 años ni al bachillerato. Se penalizan ingresos complementarios para la concertada y diferenciada, que cuestan el 60% de la pública, con lo que reducen su calidad y servicios.

Para digerir el plan, se demuele la “calidad y el mérito escolar”, como mecanismos de ascenso social. Podrá pasarse de curso sin límite de suspensos en la ESO, corrigiendo las cifras de abandono y fracaso escolar. La selectividad que permite evaluar el modelo, pasa a competencia autonómica y se reduce el curriculum común bajo el 50%. Suprimen la oposición de inspectores y controlan el nombramiento de los directores. La “carga ideológica” del estado pasa a ser garante de los derechos del menor, por encima de la patria potestad de los padres. Se invade la libertad de elección de centro e ideario, reducen la religión contra el Concordato, se impone la educación “afectivo-sexual” desde primaria. Se castiga la “educación diferenciada” contra el reciente fallo del Supremo de 2018. Se va contra el pin parental, haciendo la asignatura complementaria y, por ello, obligatoria. Romper la escuela nacional permite avanzar en la deriva del actual Gobierno. La peor, más sectaria y frentista ley escolar de la democracia.