Al Ayuntamiento de La Laguna no le ha quedado más remedio que aplicar la legislación vigente y y ordenar la paralización de las obras que el Ministerio de Defensa está llevando a cabo en los acuartelamientos de Las Canteras y Las Raíces para acondicionarlos como alojamiento de inmigrantes.
La causa de dicha actuación municipal, adoptada ayer y que emana de la Gerencia de Urbanismo, es tan simple como demoledora: dichos trabajos no solo carecen de la preceptiva licencia municipal, sino que tampoco consta que se esté tramitando la misma.
Las dos resoluciones en las que se recoge esta orden de frenar las obras implican, además, el precinto de los accesos a las mismas, y serán comunicadas a través de la Subdelegación del Gobierno durante la mañana de hoy, siendo sus efectos de aplicación inmediata, tal y como explicó anoche a DIARIO DE AVISOS un portavoz municipal.
Hay que tener en cuenta que el Consistorio lagunero ya advirtió públicamente el pasado viernes a Defensa de que incumplía un requisito básico, como es la licencia de obras, y que, como bien sabe cualquier vecino, hay que cumplimentar hasta para el mero refuerzo de un cuarto de aperos, por citar un ejemplo. Sin embargo, las fuentes municipales reconocen que no hubo respuesta alguna del Ministerio.
En las resoluciones, el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, recuerda que en el cuartel de Las Canteras se están llevando a cabo “obras de desbroce, limpieza y movimiento de tierras con una retro de cadenas, en la parte izquierda de la parcela, con destino a realizar instalaciones para albergar a personas migrantes”, mientras que en el acuartelamiento de Las Raíces se realizan, entre otras obras, actuaciones de albañilería, fontanería y electricidad en el edificio central, así como el asfaltado de la antigua zona deportiva del recinto.
“El Ayuntamiento de La Laguna ha constatado, a través de sus servicios de inspección urbanística, que se están realizando actuaciones en dos acuartelamientos ubicados en nuestro municipio”, explicó Santiago Pérez, recordando que esas intervenciones, “que además de necesitar licencia o autorización urbanística, están encaminadas a un uso no previsto y no compatible con la ordenación de nuestro municipio”.
Asimismo, el edil aclaró que “la Ley estatal del Suelo prevé que en circunstancias de emergencia, el Gobierno de España pueda realizar este tipo de actuaciones, pero cuando requieran licencia urbanística es necesario remitir el proyecto al Ayuntamiento para que este informe en el plazo de un mes sobre la compatibilidad, o no, de los usos previstos y de las obras a realizar con el planeamiento general del municipio. Y, en este caso, no son compatibles. Si el Gobierno de España persiste en su decisión de ejecutar estas obras, tiene que iniciar un procedimiento para la modificación del planeamiento, previo informe del Gobierno de Canarias”.
Eso si, Santiago Pérez quiso subrayar que “el grupo de Gobierno de La Laguna tiene una clara orientación y compromiso progresistas y respalda firmemente al Gobierno de España”, recordando que “las fuerzas políticas representadas en nuestro Ayuntamiento han firmado un acuerdo institucional por unanimidad por el que se reafirma el compromiso del municipio como un lugar abierto y de acogida”.
La mejor prueba de tal disposición del Consistorio lagunero a colaborar en el acogimiento de los inmigrantes es una misiva remitida el pasado mes de junio al Ministerio de Defensa, en la que “se ofrecieron varias ubicaciones alternativas para poder participar también nuestro municipio en la acogida de la población migrante, de acuerdo con un criterio de solidaridad, y evitando así el recurso de grandes macrocentros para personas, en los que no creemos”. Es más, estos recursos ofrecidos por la Corporación cuentan con unas condiciones de habitabilidad muy superiores a los cuarteles de Las Raíces y Las Canteras, pero no fueron aceptados por Defensa.
Recurrir o ignorar
Ahora, Defensa puede recurrir la orden municipal de paralización de las obras en el juzgado o ignorarla y seguir adelante. Si escoge la segunda opción, sería el Ayuntamiento lagunero el que podría acudir a la Justicia, pero no parece probable que se enreden en un asunto que, además, se ventilaría en la Audiencia Nacional.
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