El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en noviembre de 2019 que anulaba el proyecto de construcción del tercer carril de la autopista del Sur (TF-1), entre San Isidro y Playa de Las Américas, tras no admitir a trámite los recursos de casación presentados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal considera que los argumentos manifestados por ambas administraciones no estaban “suficientemente motivados ni justificados”.
El TSJC estimó hace un año un recurso interpuesto por un empresario de la zona y determinó la anulación del proyecto de construcción del tercer carril al declarar nula la prórroga concedida en 2017 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC) para prolongar la declaración de impacto ambiental, después de que se modificara el trazado del proyecto inicial cambiando “sustancialmente” la ubicación del enlace de Las Chafiras y los accesos al polígono industrial.
La Consejería de Obras Públicas llegó a encargar un dictamen externo para que determinase si los cambios introducidos en el proyecto eran “elementos esenciales” que obligaran a un nuevo estudio de impacto ambiental, informe que trasladó a la COTMAC antes de aprobar la prórroga de la declaración.
El bufete de abogados Legalius, que ha llevado el caso a los tribunales, ha basado su defensa en que el proyecto de construcción se apartó del proyecto de trazado y que, además, el Gobierno de Canarias no preservó una especie protegida, concretamente el escarabajo autóctono Pimelia Canariensis.
acortar los plazos
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas confirmaron ayer a este periódico que el fallo judicial obliga a emitir una nueva declaración de impacto ambiental para lo que se trabajará con la “máxima urgencia”, con el fin de acortar los plazos para sacar adelante este trámite. El Gobierno de Canarias prevé un retraso en la obra de aproximadamente nueve meses.
Arturo González, alcalde de San Miguel de Abona, municipio en el que se acometen las obras, expresó ayer a este periódico su deseo de que la declaración de impacto ambiental se realice “cuanto antes”, por lo que solicitó al Gobierno de Canarias que “ponga toda la carne en el asador”.
El regidor también pidió que se garantice la seguridad en caso de que se detengan los trabajos, porque “hay obras a medias y si llueve y baja mucha agua podemos tener un problema”. Además, confía en que la sentencia no afecte al proyecto de corredor hidráulico del Cabildo.
Por su parte, el presidente de los constructores tinerfeños, Óscar Izquierdo, señaló a DIARIO DE AVISOS que “lo que mal empieza mal acaba” y lamentó la “escasa consistencia jurídica del proyecto elaborado por el anterior Gobierno regional”. Para el líder de Fepeco, la sentencia del Tribunal Supremo supone una “mala noticia” y confía en que el retraso de las obras sea el “menor posible”.
Las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, presupuestadas en 24 millones de euros, comenzaron en noviembre de 2018 y el pasado 30 de noviembre se inauguró el primer tramo, concretamente la vía que conecta la estación de servicio El Gomero y el Polígono de Las Chafiras, que permitirá agilizar los flujos de tráfico en la zona y evitar que se colapse la TF-655 y que las retenciones afecten también a la TF-1.
El proyecto contempla, en su tramo principal, la ejecución de un nuevo enlace en la zona de Oroteanda, la remodelación del actual enlace de Chafiras, la construcción de dos vías colectoras de alta capacidad y la ejecución de un corredor hidráulico insular que albergará diferentes conducciones de suministro de agua potable, desalada y regenerada.
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