en la frontera

Los Derechos Humanos en tiempos de excepcionalidad

En estos días se cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unos derechos, los más importantes y relevantes, porque nacen y pertenecen al ser humano. Unos derechos que, por lo que se observa en el mundo, están siendo pisoteados por la oleada de totalitarismo que el virus está propagando por muchos países. La propagación del coronavirus y sus letales efectos en todo el globo invitan a reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en este tiempo de prueba con ocasión de la efemérides que conmemoramos.. En efecto, a pesar de los pesares, ahora con más intensidad, observamos impotentes la realidad de tantos millones de personas en el tercer mundo, ahora también en el mundo desarrollado, en el que tantas viejas y nuevas esclavitudes mantienen en estado de sumisión y vasallaje, en ocasiones en jaulas de oro, a tantos seres humanos.
La protección de la Constitución a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos exige una acción positiva de los poderes públicos, también en tiempos de emergencia sanitaria, que el propio texto constitucional explicita en multitud de parágrafos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar, con ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que los poderes públicos, con más motivo en una situación de excepcionalidad como es una pandemia de estas características, tienen la función constitucional de promocionar, de promover y de facilitar, no de impedir o entorpecer, que todos los españoles puedan ejercer en libertad solidaria los derechos humanos.
En este contexto, me parece que el artículo 10.1 constitucional cuando se refiere, desde el punto de vista técnico-jurídico a los derechos humanos, utiliza la expresión “derechos inviolables que le son inherentes”. Redacción que, a las claras, permite afirmar que la Constitución entiende que existen derechos innatos, que nacen con la persona, que son susceptibles de una especial protección y que el Estado debe reconocer, defender y proteger en la medida que constituyen patrimonio indivisible de la persona humana. En situaciones de normalidad y, con las limitaciones que sean adecuadas en tiempos de un Estado de emergencia en virtud de ley previa, la dignidad humana debe poder realizarse sin cortapisas ni interferencias injustificadas. Hoy, día de los derechos humanos, quien podría imaginarlo, 42 años después de la Constitución de 1978, no tenemos más remedio que reclamar que se cumpla su letra y su espíritu y se garantice el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos, también para quienes no comulgan con la tecnoestructura de este tiempo.
En efecto, los derechos humanos o fundamentales constituyen una de las claves hermenéuticas de la Constitución y, como dispone el citado artículo 10.1, configuran, junto a la dignidad de la persona, los derechos de los demás y el libre desarrollo de la personalidad el “fundamento del orden político y la paz social”. Es decir, hoy por hoy, en un Estado social y democrático de Derecho, los intereses generales del pueblo español residen en el ejercicio efectivo, por parte de todos los españoles, de los derechos humanos. Hoy, con una pandemia a cuestas, la realidad nos demuestra que precisamente más tenían que proteger y defender esos derechos humanos, son, han sido, quienes más los han violado, acudiendo a una cláusula general y abstracta de intervención por razones de salud pública que, sin concreción y precesión, se ha convertido en un espacio de tiranía y despotismo de la que habrán de dar cuentas en no mucho tiempo.

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