El Gobierno avala las inspecciones sorpresa en los domicilios y en las empresas

Las visitas sorpresa de los inspectores del Ministerio de Hacienda a los domicilios de particulares y empresas con autorización judicial contarán con aval legal. El Gobierno de coalición solventará esta cuestión a través de las enmiendas al proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, que se está tramitando en el Congreso. Cabe recordar que hace unos meses una sentencia del Tribunal Supremo consideró que las inspecciones por sorpresa de miembros de la AEAT en los domicilios constitucionalmente protegidos de personas físicas y empresas van contra la ley, aunque dichas visitas hayan sido permitidas por un juez.

Para solventar esta situación, el Grupo Socialista ha interpuesto una enmienda para que la inspección no anunciada de la Agencia Tributaria se pueda hacer con todas las garantías legales. Según ha podido saber Invertia, será respaldada por el otro socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. A pesar de que la formación morada ha decidido no presentar enmiendas ni firmar conjuntamente ninguna con el PSOE al proyecto de medidas contra el fraude, sí que avalará esta medida, como avanzó este periódico.

Jesús Gascón, director de la AEAT, ya advirtió en la propia Cámara Baja, durante la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, de la necesidad de tomar esta medida. Defendió que las personas físicas y jurídicas tienen una “protección” y unos derechos constitucionales que hay que “conciliar” con el hecho de que un investigador con autorización judicial pueda acceder a los locales sin previo aviso.

“El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas”, dijo Gascón. No obstante, apuntó que el Supremo “ha puesto el problema encima de la mesa” y llamó a encontrar la solución más oportuna, por lo que “lo que hay ahora es endeble”.

Pero no es el único cambio de relevancia que el Gobierno va a plantear a través de las enmiendas a la ley contra el fraude fiscal. Será la base para aplicar una de las medidas pactadas en el acuerdo del PSOE y Podemos: la subida fiscal a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). Concretamente, se contempla una tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos y que procedan de rentas que no se hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades. Esta enmienda, igual que otras relacionadas con la estructura de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), contará con el apoyo tanto del PSOE como de Podemos