La enredadera

El Gobierno de España declaró meses atrás el estado de alarma, recurriendo a cauces extraordinarios para dar respuesta a una circunstancia -la pandemia- tan sobrevenida como inédita, paraguas legal que otorgó a los ministros potestades impensables en periodos de normalidad. Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas adoptaron decisiones, gestionaron, tramitaron expedientes, contrataron, hicieron o deshicieron a la velocidad de la luz, demostrándose que se pueden agilizar y simplificar los pasos de la maquinaria administrativa sin que el sistema salte por los aires. Sin renunciar a los mecanismos de fiscalización, se puso de relieve que es posible acelerar los hitos cuando una emergencia lo merezca, y ahora la urgencia, en las Islas, pasa por facilitar proyectos que generen puestos de trabajo y actividad económica. En las antípodas de ese objetivo, parecemos empeñados en ahuyentar a aquellos que deciden invertir en Canarias, ahorcándolos con procedimientos que colocan la tramitación de los proyectos al filo de lo imposible, sumergiéndolos en inseguridades jurídicas, atándolos a informes que se cruzan, pisan o contradicen por culpa de la enredadera competencial, propiciando bocas de agua que acaban por paralizar, ralentizar, aburrir o, cerrando el círculo, por enterrar las iniciativas. El penúltimo episodio ha sido la anulación del plan que permitía construir el Siam Park en Maspalomas. El TSJC ha hecho su trabajo, lo que falló fue un marco movedizo, la jungla contenciosa que deben atravesar los proyectos -en este caso, que la garantía de recursos hídricos, confirmada por el Gobierno, no fuera indicada por el Consejo Insular de Aguas-. Tanto da, Juana o la hermana, lo sustancial es que si los inversores tiran la toalla se evaporarán los miles de puestos de trabajo directos o indirectos que habría generado la construcción y funcionamiento del parque, proyectos en curso, la dinamización de la zona, la revalorización del municipio como destino turístico o la oportunidad de negocio (el atractivo del lugar) a ojos de otros inversores. Con el cero turístico que nos ha caído, lo que ha pasado en Maspalomas es tanto como aplazar el plan de vacunación porque, aunque el Gobierno garantizó la fiabilidad de las dosis, formalmente debió hacerlo el colegio de farmacéuticos. En las Islas el paro pide a gritos un estado de alarma administrativo, un marco que permita una velocidad en las tramitaciones tan extraordinaria como el agujero de desempleo y ausencia de oportunidades donde nos ha metido la pandemia.