Urbanismo a remolque

Es difícil comentar la situación del urbanismo en Canarias, sin caer en la descalificación y más entenderlo cuando hemos optado por complicarlo sin utilidad. Ha fracasado el ejercicio legislativo autonómico, al desbordar la legislación básica nacional, costas, derechos civil, administrativo, penal y normativa europea. Su ejercicio es campo de batalla política municipal, de cabildo y autonomía, confundiendo institución y partido. No se canalizan las propuestas desde el propio expediente, sino descolgadas a su exterior. Casos del catálogo paralelo del PGO de Santa Cruz, promovido por el Cabildo al margen del Ayuntamiento, o la paralización del hotel de La Tejita en Granadilla, con licencia municipal suspendida por la Consejería. Ambas en derivada de reclamación patrimonial y aún peor de inseguridad jurídica, que demuele el mercado. La misma suspensión del PGO de Santa Cruz, por un defecto de procedimiento de escasa entidad, pone en crisis el torpe diseño del sistema y la necesidad de acomodar la legislación básica, contratos del Estado, procedimiento administrativo y de régimen local, a la Bolkestein de las normas UE.

Canarias cuenta con el sistema más complicado de España, que refiero en dos casos de actualidad, el Plan Parcial de El Mojón, en Arona, y el Plan Especial de La Geria, en Lanzarote. En diciembre de 2020 la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a los 11 encausados penalmente en el caso de la Bodega Stratus de Lanzarote. El empresario Juan Francisco Rosa, su arquitecto y nueve políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza y de la Consejería. Traía causa de la construcción de la Bodega Stratus en 2007, amparada bajo una licencia insuficiente, que nunca pudo tener soporte al llevar el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria más de 25 años de trámite; sobre 5255 hectáreas de cinco municipios. El Plan Especial fue anulado en 2012 y 2016 por vicios de procedimiento, siendo un plan redactado por la propia Consejería. En Canarias hemos montado un sistema inmanejable, lleno de fisuras y contradicciones al interno, frágil a cualquier reclamación judicial. De hecho los jueces ni profundizan en los pleitos,antes los anulan con formalidades. En este caso, además, elevado a cuestión penal y trufado en el juego de los partidos locales y la gestión urbanística soportada en “favores”.

Los que vemos en la recepción de la urbanización del Plan Parcial de El Mojón, en Los Cristianos de Arona. El presidente de la Junta de Compensación Juan Francisco Reverón denuncia al alcalde José Julián Mena en doble pleito. Uno contencioso administrativo, solicitando la aprobación de la recepción por “silencio positivo”, al cumplirse el plazo legal de los tres meses para ello. Lo ganarán con su reclamación patrimonial. El alcalde no se los ha concedido, pidiendo extras de obra no existentes en la licencia. Seguimos con la extendida técnica de la “extorsión municipal”, en los procesos de recepción, que son actos tasados. Lo que aclara la paralela “denuncia penal por prevaricación” de la Junta contra el alcalde. No es ajena esta situación a la deriva política de la Corporación de Arona, donde el alcalde y el presidente de su partido local han sido expulsados del partido, este en clara incompatibilidad empresarial. Volvemos a encontrarnos con un Plan Parcial que lleva 24 años de gestión, de nuevo contaminado por la política donde se ofrecen a su interno soluciones distintas en régimen clientelar, que deben sortear la maraña administrativa. El urbanismo en Canarias sigue a remolque de una legislación imposible, unos partidos carentes de liderazgo político, un cuerpo de funcionarios irresponsable y ajeno a atender el servicio público, y una sociedad civil disminuida, que prefiere gestionar clientelarmente a exigir los derechos que les son propios. Aquí acierta la Junta de El Mojón reclamando sus derechos.