economía

Canarias recibirá del Estado más de 1.000 millones en ayudas directas a empresas y autónomos

Una cuantiosa inyección por la crisis económica tras la COVID, mayor de la prevista, es recibida como una “buena noticia” por el Gobierno canario y los sectores empresariales, a falta de “leer la letra pequeña”
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Moncloa, a 12 de marzo de 2021.

El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, dotado con un total de 11.000 millones de euros, que incluirá un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo. Así lo trasladó la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, quien precisó que estos 7.000 millones de euros se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación.
De este importe total, 2.000 millones de euros se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.
En concreto, el primer fondo de 7.000 millones, que gestionarán las comunidades autónomas, son ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores como al pago de gastos fijos, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera o no financiera, siempre que la caída de la facturación sea al menos del 30% respecto a la de 2019.
Será la Agencia Tributaria la entidad encargada de proporcionar la información a las comunidades para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos para acceder a las ayudas y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas una plataforma para dicho fin, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, como las de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.
Estas ayudas podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta el 20% para el resto de empresas.
En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años. Según explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las comunidades autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio, aunque está pendiente de publicación la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones y que se aprobará en los próximos días.
La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el fondo React EU, que se basan en el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, el impacto de la crisis en el desempleo y el impacto en el desempleo juvenil, todo ello rigiéndose por los datos actualizados a diciembre de 2020.
Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera. Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se fijarán en un Consejo de Ministros.

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