La Ley de Cadena Alimentaria es necesaria. Por supuesto que hay que proteger a los productores frente a la posición de fuerza de las grandes cadenas de distribución. Por supuesto que hay que procurar que nuestros profesionales y empresarios del sector primario reciban un precio justo por sus producciones. No puede haber dudas respecto al posicionamiento del Gobierno de Canarias. La Ley en trámite parlamentario está muy bien, hay que decirlo, porque obliga a las partes a ser rigurosos en las relaciones comerciales que es lo que se pretende. Y efectivamente, hay un artículo en concreto que genera cierta incertidumbre, es verdad, y que nosotros, desde un principio, hemos insistido en que debe ser aclarado para evitar inseguridad jurídica.
Ese artículo se refiere a la obligatoriedad de que las partes fijen el coste de las producciones en el contrato y, además, que el precio de venta se cierre siempre por encima del coste, lo cual es una cuestión de sentido común porque ningún operador quiere vender asumiendo pérdidas. De este planteamiento lógico se derivan, sin embargo, consecuencias no previstas que será necesario resolver en la redacción definitiva. Porque según la lectura literal de ese artículo, una oferta puntual por saturación del mercado por debajo del precio de producción, que ocurre de vez en cuando, para evitar que la fruta acabe en la basura, sería sancionable y no puede ser. Defender el producto en el mercado no puede acarrear sanciones, suficientemente duro es ya competir en un mercado tan competitivo. Y la principal asociación de productores de plátanos, Asprocan, consciente del problema que implica tal circunstancia, solicita al legislador que el cultivo del plátano de Canarias quede excluido de la aplicación de ese precepto legal, la manera que entienden más eficaz para evitar las cuantiosas pérdidas previsibles para el subsector. Y desde el Parlamento de Canarias apoyamos esa enmienda como vía rápida para defender nuestra producción agrícola más importante, por supuesto. Un primer paso muy relevante y necesario, pero no suficiente. Además, desde esta Consejería, seguimos empeñados en conseguir la aclaración de ese artículo de la nueva Ley que afecta no solo al plátano, sino al conjunto de productores. Porque el sector primario necesita que la comercialización funcione de manera eficiente.
* Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
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